La alcaldía lidera proceso formativo para comunidades mineras rurales, centrado en prácticas legales, seguras y responsables con el medio ambiente. La administración Municipal de Barbacoas, bajo el liderazgo del alcalde Mario Hurtado, puso en marcha una capacitación dirigida a mineros ancestrales de la zona rural con el objetivo de promover una explotación de recursos más segura, legal y ambientalmente sostenible. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno local por fortalecer las capacidades técnicas del sector minero tradicional y avanzar hacia modelos de desarrollo compatibles con la conservación ambiental. El proceso formativo, de carácter participativo y contextualizado, permitió a los asistentes —en su mayoría pertenecientes a comunidades con una larga tradición minera— abordar temas fundamentales como legislación minera, salud ocupacional, seguridad en el trabajo, gestión ambiental, operación de maquinaria y uso eficiente del agua. “Estos procesos son fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros mineros ancestrales, proteger el entorno natural y fomentar el desarrollo sostenible en nuestro territorio”, afirmó el alcalde Mario Hurtado, reiterando su compromiso con una minería legal, responsable y respetuosa de los derechos colectivos y del medio ambiente. La capacitación evidencia la voluntad política del gobierno local de Barbacoas para consolidar una minería ancestral que no solo reconozca el valor cultural y económico de la actividad, sino que también se alinee con los estándares de sostenibilidad y legalidad exigidos en el contexto actual.
El gobierno del presidente Petro logra suspender la protesta anunciada y activa compromisos para infraestructura y seguridad vial del suroccidente colombiano. La inminencia de un paro nacional de camioneros previsto para el 16 de junio encendió las alarmas en el suroccidente del país. Sin embargo, la mesa de diálogo del gobierno con los gremios del transporte de carga, con la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, logró la suspensión de la protesta en espera que sean efectivamente atendidos dos puntos: mejoramiento de vías y garantías de seguridad. La cita, que tuvo lugar en el municipio de Chachagüí, permitió revisar los avances de los acuerdos firmados en 2024 y consolidar nuevos compromisos con el gremio camionero. La ministra Rojas anunció una inversión de más de 10 billones de pesos para proyectos estratégicos en la región. Entre las obras destacan la adjudicación de la doble calzada Pasto–Estanquillo por 2,2 billones de pesos, el avance del proyecto APP Estanquillo–Popayán por 7,6 billones, y el fortalecimiento operativo de la vía Panamericana con más de 46 mil millones en mantenimiento. A esto se suma la adición de 33 mil millones de pesos para la vía Tumaco–Pedregal, y 41 mil millones para el corredor vial de Buesaco. En materia de seguridad, se anunció la adquisición de 21 vehículos tácticos por valor de 51 mil millones, más una adición de 20 mil millones, y la implementación de drones para vigilancia en zonas críticas. Además, el peaje entre Pasto y El Tablón seguirá desactivado. “Se actuó a tiempo. Esta capacidad de articulación evitó una crisis y garantizó soluciones concretas para el gremio transportador”, señaló el alcalde de Pasto, Nicolás Toro. Por su parte, Alfonso Medrano, presidente de la ACC, destacó el gesto como “una muestra de voluntad política que devuelve la confianza”. El gremio suspendió el paro, aunque continuará en asamblea permanente a la espera del cumplimiento de los compromisos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se reforzará la presencia estatal en Nariño y Cauca para proteger a los transportadores.
Denuncian que el gobierno de Trump desplegó una red de tecnovigilancia sin control judicial ni garantías constitucionales, con el respaldo de empresas privadas. El sistema afecta especialmente a comunidades vulnerables. Organizaciones de derechos humanos han encendido las alertas por una red de vigilancia masiva que opera en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, diseñada para monitorear a inmigrantes, estudiantes, comunidades empobrecidas y activistas. El sistema se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y estaría funcionando sin supervisión judicial ni transparencia pública. Según denuncias presentadas por entidades como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el aparato de tecnovigilancia constituye la mayor operación de espionaje interior en tiempos de paz en la historia del país. Se trataría de un ecosistema digital complejo, desarrollado con el apoyo del sector privado y centrado en la recolección, cruce y análisis masivo de datos personales mediante algoritmos. El mecanismo incluye el rastreo de redes sociales, el análisis automatizado de publicaciones, la adquisición de datos a empresas privadas —como historiales de compras, ubicaciones o comportamientos sexuales— y el uso de herramientas de reconocimiento facial integradas en drones o lectores de placas. También se ha documentado la utilización de software espía para acceder a dispositivos móviles, además del cruce de información proveniente de bases de datos fiscales, médicas y de seguridad social. El sistema es capaz, por ejemplo, de marcar como “sospechosa” a una persona que se manifieste en redes sociales en contra de la masacre en Gaza, lo que puede derivar en consecuencias administrativas como la denegación de la ciudadanía o restricciones migratorias. Entre los más afectados se encuentran inmigrantes en proceso de regularización, jóvenes estudiantes de origen latino o musulmán, y personas racializadas. Los expertos advierten que este modelo representa un riesgo estructural para la democracia, ya que se basa en criterios opacos y sin rendición de cuentas. “Lo más grave es que estas prácticas se están normalizando bajo el pretexto de la seguridad nacional, sin debate público ni control institucional”, señaló un vocero de la ACLU. A pesar de los cuestionamientos, el gobierno ha defendido el sistema como un modelo eficaz de prevención de amenazas internas, asegurando que actúa bajo criterios técnicos y no ideológicos. Sin embargo, no ha hecho públicos los parámetros de clasificación utilizados por los algoritmos. La legalidad de estas prácticas está siendo cuestionada en tribunales federales y podría llegar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, activistas y juristas advierten que el uso desregulado de la inteligencia artificial por parte del Estado representa una amenaza directa a los derechos civiles y a las bases del Estado de derecho en Estados Unidos.
El exdirector de Función Pública fue acusado por la Fiscalía de participar en un entramado criminal para direccionar un contrato por carrotanques en La Guajira. César Manrique, exjefe de Función Pública del actual gobierno, fue imputado este miércoles por su presunta participación en el escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con la Fiscalía, Manrique habría recibido $3.000 millones en efectivo como parte de un pago ilegal para direccionar un contrato adjudicado a la Fundación Yapurutú, con el fin de adquirir 40 carrotanques destinados al departamento de La Guajira. La audiencia de imputación se llevó a cabo en el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá y fue liderada por la fiscal María Cristina Patiño, quien expuso cómo Manrique, aunque no era funcionario de la UNGRD, jugó un rol en el esquema delictivo. Según la investigación, operó en alianza con Olmedo López, exdirector de la entidad, y al menos otros nueve involucrados. El dinero fue entregado en nueve ocasiones entre enero y marzo de 2024, mediante maletas y en baños de centros comerciales. Las sumas fueron retiradas por Ana María Riveros, hija de Édgar Riveros, otro de los señalados, a través de la firma Office Abogados SAS. Los recursos eran canalizados a través de intermediarios, entre ellos Luis Carlos Barreto y Jorge Aristizábal. Barreto se habría quedado con $150 millones, mientras que el resto fue entregado a Manrique, quien ya había sido condenado por irregularidades en contratos durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Lo grave del caso es que los recursos desviados estaban destinados a atender emergencias humanitarias en comunidades vulnerables de La Guajira. La Fiscalía también señaló que existía un acuerdo para el pago de coimas del 7 % en varios contratos, aunque solo uno fue ejecutado. En la operación participaron también funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que habrían facilitado la liberación de recursos del convenio interinstitucional, con el fin de beneficiar a empresas previamente seleccionadas. Con esta nueva imputación, ya son cinco los exfuncionarios del gobierno Petro involucrados formalmente en el caso UNGRD: Olmedo López, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla (quien espera audiencia) y ahora César Manrique. Todos han sido mencionados en investigaciones relacionadas con redes de corrupción, favores políticos y desvío de fondos públicos.La defensa de Manrique solicitó suspender la audiencia argumentando fuero especial, por lo que el proceso podría pasar al Tribunal de Bogotá. La diligencia continuará este jueves.
El reciente nombramiento de Willyam Tepud Verdugo como nuevo director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha generado una fuerte ola de críticas por parte de organizaciones de pescadores artesanales y sectores académicos, que denuncian su falta de experiencia en temas pesqueros y acuícolas, y su cercanía política con el Partido de la U. El abogado, con especializaciones en derecho administrativo y laboral, fue posesionado esta semana por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien había prometido públicamente designar a un perfil técnico e idóneo tras la salida de Karen Mejía, exdirectora de la entidad, declarada insubsistente luego de revelaciones sobre contratos adjudicados sin concurso y un polémico proyecto de botes por $15.000 millones. Según denuncias recogidas por medios como W Radio y por la periodista Paula Bolívar, Tepud no cuenta con formación ni trayectoria en biología marina, pesca o acuicultura. Su hoja de vida se concentra en el derecho público y cargos administrativos, incluyendo su paso por Comfamiliar Nariño, entidad en la que actualmente enfrenta investigaciones. La Mesa Nacional Permanente de la Pesca, que había pedido directamente al presidente Gustavo Petro un perfil con experiencia científica y técnica, manifestó su decepción por lo que consideran una decisión política alejada de las necesidades reales del gremio. “Nombrar a alguien sin conocimiento del sector es un retroceso. Necesitamos un director que sepa de acuicultura, que entienda los ecosistemas marinos y que escuche a las comunidades”, señaló un representante de la Mesa. Este caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de la AUNAP, una entidad que administra millonarios recursos públicos y que, pese a su bajo perfil, resulta fundamental para el desarrollo rural costero, la soberanía alimentaria y el control de los ecosistemas acuáticos. A ello se suma el hecho de que tanto Tepud como su antecesora fueron promovidos por el Partido de la U, lo que refuerza las críticas sobre el uso político de cargos técnicos.
