Profesores, directivos de Fecode y funcionarios del Gobierno advierten sobre el funcionamiento del nuevo modelo que opera sin vigilancia real; crisis debe servir para mejorar el modelo con carácter urgente. Debe investigarse la perdida de más de $2 billones en operación del sistema de salud del magisterio colombiano. El vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, reconoce la grave situación financiera del sistema. Las declaraciones se dieron durante una reunión del Consejo Directivo del Fomag el pasado 29 de abril, realizada en la sede del Ministerio de Educación, con presencia de los ministros de Educación, Trabajo y Hacienda, además de representantes de Fecode. Durante la sesión, que se convocó para presentar la nueva red de operadores del sistema, la Fiduprevisora no entregó información clara ni propuestas concretas. La reunión terminó sin avances y, fuera de micrófonos, comenzaron las confesiones. Cadena calificó el sistema como “completamente perverso”, asegurando que no se sabe con certeza el destino de los recursos ni se tiene control sobre los más de 2.300 contratos firmados por la Fiduprevisora, muchos de ellos sin trazabilidad ni vigilancia. Uno de los datos más alarmantes revelados en la reunión fue que la facturación del sistema se incrementó en un 50% en solo cuatro meses, sin una justificación técnica ni control presupuestal. El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó de inmediato que se interpusieran las denuncias formales ante los entes de control y exigió un informe escrito con las irregularidades. “Esto no es un nuevo sistema de salud, es el mismo de siempre, disfrazado, pero mucho más oscuro”, dijeron lideres del magisterio. También señalaron que la Fiduprevisora se ha negado reiteradamente a entregar información solicitada por el Ministerio, profundizando el caos. La situación ha desnudado un sistema desorganizado, sin vigilancia, con contratos opacos y un manejo de recursos públicos que —según sus propios operadores— no tiene justificación ni control. Para los docentes, el “despelote” es total y la solución, aún, no se vislumbra.


El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanza ofensiva política y judicial tras la derrota de la consulta popular en el Congreso, mientras el Gobierno alista plan B para mantener viva su agenda reformista Tras el sorpresivo hundimiento de la consulta popular del Gobierno Petro en el Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, activó de inmediato una estrategia de reacción política y judicial para enfrentar lo que considera un “bloqueo institucional” y revertir el golpe recibido este miércoles. El primer paso de Benedetti fue denunciar fraude en la sesión plenaria, apuntando directamente al secretario general del Senado, Diego González, por cerrar la votación antes del tiempo reglamentario. Según el ministro, el registro fue cerrado cuando aún faltaban senadores por votar a favor del “sí”, y acusó al secretario de manipular un voto. “Cepeda solo dejó el registro abierto por menos de tres minutos, cuando pueden ser 30. Lo cerró cuando tenía dos votos de ventaja y venían al menos cuatro senadores del ‘sí’. Y el secretario del Senado, tachando un voto del ‘sí’ para sumarlo al ‘no’. Malandrines”, denunció en sus redes sociales. La Casa de Nariño evalúa presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, aunque expertos consideran que una eventual investigación penal difícilmente avanzará con la rapidez que necesita el Ejecutivo para reponer el camino perdido en el Congreso. En paralelo, y mientras se calienta el clima político entre el Gobierno y el Legislativo, Benedetti mantiene abierta la posibilidad de insistir con la consulta popular, pero no de inmediato. Aunque el presidente Petro pidió desde China que se someta nuevamente a votación la misma iniciativa, sectores del Congreso ya advierten que no es jurídicamente viable repetir el proceso en la actual legislatura. En su lugar, gana fuerza la propuesta del expresidente del Senado, Roy Barreras: radicar una nueva solicitud de consulta el próximo 20 de julio de 2025, si para entonces no ha sido aprobada la reforma laboral que se reactivó esta semana. Este escenario le permitiría al Ejecutivo aspirar a convocar la consulta en octubre de 2025, en caso de contar con mayorías en la próxima legislatura. No obstante, el tiempo es un factor en contra. El ministro Benedetti tiene apenas cinco semanas para sacar adelante la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, y su margen de maniobra es estrecho. La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso se intensificó aún más luego de que la senadora María José Pizarro calificara al presidente del Senado, Efraín Cepeda, como el “jefe de la banda” que hundió la consulta, en un episodio que deja al oficialismo herido, pero no vencido.

Aunque el Gobierno Petro creía tener las mayorías, un acuerdo de última hora entre sectores de oposición y centro cambió el rumbo de la votación y selló la derrota de la consulta popular. La consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro naufragó en la plenaria del Senado tras una votación que dejó al Ejecutivo sin el respaldo necesario para convocar a las urnas a los colombianos. Con un total de 96 votos, la iniciativa fue rechazada por una estrecha diferencia: 49 senadores votaron en contra y 47 lo hicieron a favor. Tanto Liliana Benavides del partido Conservador, como Richar Fuelantala de AICO, integrantes del Senado, no participaron en la votación. Desde el momento en que la solicitud fue radicada ante el Senado, el 1° de mayo, el panorama parecía favorable para el Gobierno. Incluso sectores de oposición reconocían las maniobras del Ejecutivo para inclinar la balanza, gracias a la gestión de sus ministros y la presión política. Sin embargo, en una maniobra inesperada, fuerzas del centro y la derecha alcanzaron un acuerdo que inclinó la balanza en el último momento. Este pacto permitió revivir la reforma laboral —que será debatida nuevamente en la Comisión Cuarta del Senado— y hundir la consulta popular, con lo cual la oposición se impuso frente al Pacto Histórico. La tensión creció luego de que miembros del Gobierno y del petrismo denunciaran presuntas irregularidades, incluyendo la exclusión del voto de la senadora Martha Peralta, y hablaran abiertamente de “fraude”. A continuación, el registro oficial de cómo votaron las diferentes bancadas: Partido Liberal Por el No: Lidio García, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Alejandro Chacón, Mauricio Gómez Amín, Karina EspinosaPor el Sí: Fabio Amín, Alejandro Vega, Jaime Durán, Laura Fortich, Claudia Pérez, Juan Diego Echavarría, Jhon Jairo Roldán Partido Conservador Por el No: Esperanza Andrade, Germán Blanco, Nadia Blel, Efraín Cepeda, Nicolás Echeverry, Marcos Pineda, Soledad Tamayo, Juan Merheg, Liliana Bitar, Juan Carlos García, Oscar Giraldo, Oscar Barreto Centro Democrático Por el No: Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Carlos Meissel, Alirio Barrera, Enrique Cabrales, Ciro Ramírez, Honorio Henríquez, Yenny Rozo, Esteban Quintero, José Vicente Carreño Cambio Radical Por el No: Jorge Benedetti, Carlos González, Edgar Díaz, Carlos Farelo, Carlos Jiménez, Carlos Fernando Motoa, Antonio Zabaraín, José Luis Pérez Partido de la U Por el No: Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemos, Juan Carlos Garcés, Norma HurtadoPor el Sí: Antonio Correa, José David Name, Julio Chagui, Julio Elías Vidal, John Besaile, José Gnecco Alianza Verde Por el No: Jota Pe HernándezPor el Sí: Inti Asprilla, Fabián Díaz, Andrea Padilla, Ariel Ávila, Carolina Espitia, León Fredy Muñoz. No votó Angélica Lozano. MIRA Por el No: Ana Paola Agudelo, Manuel Virgüez, Carlos Guevara Pacto Histórico Por el Sí: Iván Cepeda, Isabel Zuleta, Clara López, Wilson Arias, Aida Avella, Carlos Alberto Benavides, Robert Daza, Alex Flórez, Pedro Flórez, Gloria Inés Flórez, Esmeralda Hernández, Sandra Jaimes, María José Pizarro, Aida Quilcué, Jael Quiroga, Ferney Silva, Sonia Bernal, Julio César Estrada, Catalina Pérez Comunes Por el Sí: Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Imelda Daza, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo ASI Por el No: Berenice BedoyaPor el Sí: Gustavo Moreno, Guido Echeverry, Jairo Castellanos Colombia Justa Libres Por el No: Lorena Ríos ADA Por el Sí: Paulino Riascos Con esta votación, el Gobierno queda nuevamente en una encrucijada legislativa, y se intensifica la tensión política tras las denuncias de fraude, el llamado del presidente Petro a las calles y la expectativa sobre si la consulta será reintroducida en la próxima legislatura.

La senadora del Pacto Histórico asegura que le impidieron votar en el Senado; Gobierno y sectores oficialistas acusan maniobras irregulares y alistan respuesta en las calles. La controversia por el hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno Petro en el Senado no solo ha encendido alertas dentro del oficialismo, sino que ahora escala con denuncias de presunto “fraude” durante la votación. La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta afirmó públicamente que no se le permitió ejercer su voto, y que la sesión estuvo marcada por irregularidades que, a su juicio, deslegitiman el resultado. “No hubo garantías para la votación de la #ConsultaPopular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aun sabiendo que en el punto anterior varios senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto”, denunció Peralta a través de sus redes sociales. La congresista también respaldó las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien desde sus redes compartió un video como prueba de las anomalías, señalando directamente al secretario del Senado y al presidente de la corporación, Efraín Cepeda. Según el mandatario, se tachó un voto válido por el “sí” y no se permitió que senadores como Peralta votaran, ignorando incluso una apelación que debió ser tramitada. “Nos hicieron sus ‘jugaditas’. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. La única salida es la movilización en las calles y la huelga”, enfatizó la senadora, alineándose con el llamado del presidente a responder con movilización masiva. El episodio ha desatado una nueva tormenta política en el Congreso, alimentando la narrativa oficialista de un bloqueo sistemático a las reformas del Gobierno y potenciando la estrategia de presión desde las bases sociales. Todo esto mientras se evalúa si la consulta será presentada nuevamente en la próxima legislatura.

Petro encabezó desde China una reunión con congresistas oficialistas para definir la ruta tras el revés legislativo; no se descarta volver a presentar la consulta en julio de 2025 Minutos después del hundimiento de la consulta popular en el Senado, la bancada del Pacto Histórico fue citada de forma urgente a la Casa de Nariño para definir los próximos pasos frente al revés político. La convocatoria, realizada por el propio presidente Gustavo Petro desde China, reunió a senadores y representantes oficialistas en un encuentro virtual encabezado también por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El objetivo central de la reunión fue recoger las opiniones de los parlamentarios tras la caída del proyecto y trazar un nuevo plan de acción. Entre las alternativas sobre la mesa se encuentra la posibilidad de volver a presentar la consulta popular ante el Congreso el próximo 20 de julio de 2025, especialmente si la reforma laboral —reactivada esta semana— no logra ser aprobada a tiempo. Hacia las 6:00 de la tarde, los legisladores del Pacto Histórico comenzaron a llegar al palacio presidencial para atender el llamado del mandatario. En su intervención, Petro fue enfático en la necesidad de una reacción contundente desde las bases sociales: “Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora”. La declaración del presidente apunta a una posible movilización ciudadana como respuesta política al hundimiento de la consulta, un mecanismo que buscaba refrendar reformas clave del Gobierno. La coyuntura plantea un escenario incierto, pero también una apuesta del Ejecutivo por mantener viva su agenda de transformaciones a través de la presión popular y la reconfiguración legislativa.