Una mirada crítica al bombardeo en Guaviare

La reciente operación militar en el Guaviare, ordenada por el presidente Gustavo Petro y dirigida contra una facción disidente de las FARC, nos confronta de nuevo con la trágica realidad de un conflicto que se niega a cesar y nos obliga a examinar las complejas aristas éticas y de derechos humanos inherentes a la guerra. Si bien la justificación presidencial se centra en la necesidad de evitar una emboscada y proteger a los soldados, su afirmación de asumir el “riesgo” de la posible muerte de menores de edad por fallas en la inteligencia militar no puede tomarse como una mera declaración de responsabilidad política, sino como un doloroso llamado de atención sobre los costos inaceptables de la vía armada.

Es un principio ineludible del Derecho Internacional Humanitario y una exigencia fundamental de la ética progresista la protección absoluta de la infancia, la cual nunca puede ser un “daño colateral” aceptable. La presencia de menores en estos grupos armados, confirmada por las capturas y entregas voluntarias tras el operativo, es en sí misma un fracaso estruendoso del Estado y de la sociedad, que permite la instrumentalización y el reclutamiento de la juventud en lugar de garantizarles educación y oportunidades. Exigirles que abandonen las armas es un imperativo, pero la responsabilidad principal recae en el Estado para desmantelar las estructuras criminales y socioeconómicas que empujan a los niños a la guerra.

La decisión de utilizar la fuerza letal, incluso en defensa propia, siempre debe ser el último recurso y estar sometida a un escrutinio riguroso, especialmente cuando se trata de bombardeos que, por su naturaleza, conllevan un riesgo desproporcionado de afectar a civiles y no combatientes. La paz total, la bandera de este gobierno, no puede avanzar con éxito si se mantiene una lógica de guerra que reproduce los ciclos de violencia. Mientras se condena, con razón, la agresión y dominación de los pueblos que violan el DIH, es fundamental que las acciones del propio Estado se mantengan en el más alto estándar de legalidad y, sobre todo, de moralidad, priorizando la vida sobre el éxito militar.

La alta cifra de “neutralizados” y la lamentable pérdida de vidas confirman que la confrontación sigue siendo la norma, a pesar de los esfuerzos de diálogo. Este episodio debe servir no solo para defender la legalidad de una acción específica, sino para redoblar la apuesta por la negociación y la justicia social como únicas vías para desmantelar de raíz a los grupos que, como bien señala el presidente, han preferido el “traqueteo” a la paz. La verdadera victoria de un enfoque progresista y defensor de los derechos humanos no es un alto número de bajas, sino la creación de las condiciones territoriales y sociales que hagan obsoleta la existencia de cualquier grupo armado ilegal, garantizando que ningún niño o niña más muera bajo el fuego, sea cual sea el origen de la bala. La paz exige romper definitivamente con la doctrina de la agresión y construir un camino de reconciliación y soberanía popular.