La Sala Plena analizará la aplicación de la Ley 2477 de 2025 en las apelaciones contra las medidas de aseguramiento impuestas a los exfuncionarios del gobierno Petro, detenidos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Este lunes 26 de enero, en horas de la mañana, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para definir la hoja de ruta que se aplicará en las apelaciones presentadas por la defensa de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, detenidos por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los magistrados analizarán la aplicación de la Ley 2477 de 2025, normativa que establece los procedimientos para resolver apelaciones de medidas de aseguramiento en casos que involucren a funcionarios aforados, como ocurre con los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El caso UNGRD es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la actual administración, debido al presunto desvío de millonarios recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales. Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, fueron capturados y enviados a prisión preventiva tras ser vinculados a redes de corrupción que, según la Fiscalía, operaban desde la entidad.

La decisión que adopte el Tribunal será determinante, ya que establecerá los procedimientos judiciales que regirán este tipo de apelaciones y podría sentar nueva jurisprudencia en materia de aforados.

En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando. Para el próximo 29 de enero está programada la audiencia de acusación contra otra de las presuntas cabezas del entramado de corrupción de la UNGRD, lo que anticipa que el calendario judicial de 2026 estará marcado por múltiples diligencias relacionadas con este caso, que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y los controles en la administración pública.

Redacción

Victoria Ricaurte