El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial enfrenta un nuevo golpe tras las sanciones disciplinarias a tres miembros de su círculo más cercano por uso indebido del cargo público para favorecer su movimiento político. Quintero denuncia una “persecución” y afirma que buscan impedir su llegada a la Presidencia en 2026. La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero, por su presunta participación en actividades políticas en favor del movimiento Independientes, liderado por el propio exalcalde y actual precandidato presidencial. En fallo de primera instancia, el ente de control determinó que Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, citó a funcionarios públicos a una reunión el 8 de agosto de 2021 para promover la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, vehículo político de Quintero. Durante el encuentro, se habrían solicitado aportes económicos bajo la figura de “membresía” para apoyar la causa. Varios funcionarios hicieron consignaciones tras la reunión. Por estos hechos, Ramírez fue destituido e inhabilitado por 14 años. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, quien presionó a una funcionaria para entregar un aporte económico; y Fredy Alfonso Agudelo, subsecretario de Gestión de Bienes, quien facilitó su residencia en El Poblado para realizar la reunión e impidió el uso de celulares por parte de los asistentes. La Procuraduría argumentó que los hechos se dieron en pleno calendario electoral, por lo que se configura una intervención indebida en política desde el aparato estatal, valiéndose del poder jerárquico dentro de la administración pública para beneficiar un proyecto personal. Quintero reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales y denunció una persecución política. “Nos quieren sacar de la Presidencia, pero también perseguir a mi equipo. Un ejercicio de exterminio político sin precedentes”, escribió. También afirmó que se trata de una vendetta impulsada por sectores adversos: “Cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia (…) y no necesita probar nada”, dijo, aludiendo al testimonio de la funcionaria que denunció haber sido presionada para aportar dinero. El exalcalde, quien también enfrentará una audiencia de imputación junto a 12 exfuncionarios, solicitó trasladar su caso a Bogotá, argumentando supuesta falta de garantías en Medellín. Su creciente protagonismo en el escenario político nacional y sus aspiraciones presidenciales para 2026 han encendido alertas entre sus detractores, que ven en sus acciones una estrategia de victimización, mientras sus críticos denuncian el uso político del aparato público.
Escrito por Yohana Urbano