Petro: “No volveremos a votar por los congresistas enemigos del pueblo”

El presidente defendió la consulta popular, tras el hundimiento inicial en el Congreso. La nueva versión, con más preguntas, es otro pulso con los políticos tradicionales. Desde su canal de WhatsApp, el presidente Gustavo Petro volvió a agitar el panorama político nacional al enviar un contundente mensaje en defensa de su consulta popular, que busca revivir las reformas sociales frenadas en el Congreso. “No volveremos a votar por los congresistas enemigos del pueblo trabajador”, afirmó el mandatario en un mensaje que también fue replicado desde el cabildo abierto realizado en el Paseo de Bolívar en Barranquilla. Petro, quien insiste en llevar sus reformas a las urnas, lanzó una advertencia directa contra los parlamentarios que han obstaculizado sus iniciativas. “Desde Barranquilla, tierra de libertad, enviamos un mensaje al Caribe y a toda Colombia: vamos a luchar las veces que sea necesario por la Consulta Popular”, añadió el jefe de Estado. El gobierno presentó una nueva versión, ahora con 16 preguntas que también incluyen aspectos de la reforma a la salud. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtió sobre posibles irregularidades en el trámite: “Tiene muchos vicios, contiene las mismas preguntas que ya fueron negadas y, según la ley, no pueden presentarse de nuevo en la misma legislatura. Además, debió ser radicada por el presidente y no por un ministro”. Cepeda aclaró que, pese a esas advertencias, el Senado está obligado a darle trámite al texto presentado. “Nos corresponde cumplir con nuestro deber”, puntualizó. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el hundimiento de la primera consulta fue un “fraude”. Según él, en el momento de la votación se habría incumplido el procedimiento establecido en la Ley Quinta, al no leerse lo que se iba a votar. Este nuevo choque entre el gobierno y los sectores tradicionales en el Congreso pone en evidencia la creciente tensión institucional y el empeño del presidente Petro por lograr, vía consulta popular, lo que no han negado por vía legislativa.

Francia Márquez denuncia racismo y patriarcado dentro del Gobierno

La vicepresidenta afirmó que ha sido marginada de decisiones importantes y que ha enfrentado obstáculos estructurales para ejercer su cargo con autonomía y presupuesto. Durante la instalación del foro Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó duras críticas contra el propio Gobierno al que pertenece, denunciando prácticas de racismo y patriarcado dentro de la institucionalidad del Estado colombiano. Márquez aseguró que su gestión ha estado marcada por la exclusión y la falta de recursos, lo que ha limitado su capacidad de acción en los territorios.“No me han dejado gobernar. Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó la decisión de separarme de ese ministerio y poner a otra persona”, afirmó Márquez, en alusión a su desvinculación de tareas ejecutivas con capacidad presupuestal. “No ha sido fácil mi tarea como vicepresidenta. No ha sido fácil gobernar un país que tiene un Estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”, agregó. La vicepresidenta también reveló que, ante la ausencia de recursos asignados directamente a su despacho, ha tenido que recurrir a alcaldes e incluso a la cooperación internacional para llevar a cabo sus actividades. “Lo que he podido lograr, lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me ha apoyado fuertemente”, afirmó. Márquez criticó la negación sistemática del racismo en Colombia y dijo que cuando se habla del tema, muchas veces se desacredita a quienes lo denuncian. “Nos dicen que somos resentidos, que nos victimizamos, pero jamás hay una postura de reconocer el racismo”, señaló. Sus declaraciones reflejan una creciente tensión dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, al que ha acompañado como fórmula vicepresidencial desde el inicio del mandato. Las palabras de Márquez no solo evidencian una fractura interna, sino que también ponen sobre la mesa un debate urgente sobre la inclusión, la representación y la justicia racial en las estructuras de poder del país.

Benedetti niega presión a ministra Buitrago y defendió la consulta popular

El ministro del Interior aseguró que no pidió cargos en el Ministerio de Justicia, aclaró su postura frente a la posible huelga indefinida y defendió las reformas del gobierno Petro. En una entrevista concedida a La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó varios temas que han generado controversia en el panorama político nacional. Desde la propuesta de huelga indefinida, hasta los señalamientos de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, Benedetti respondió con vehemencia a las críticas y defendió la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los puntos centrales de la conversación fue la posible convocatoria a una huelga indefinida, en caso de que la consulta popular promovida por el Ejecutivo no avance en el Congreso. “Él (Petro) no está llamando a huelga como tal. Él dice que, como líder natural, se aparta para que sean las organizaciones sociales, sindicatos, maestros e indígenas quienes decidan”, explicó Benedetti, distanciando al presidente de un llamado directo a la protesta. Sobre la consulta popular, el ministro afirmó que sí es posible volver a presentarla con las mismas preguntas, y anunció que se han agregado cuatro más, relacionadas con el sistema de salud, uno de los temas prioritarios del jefe de Estado. En cuanto a las críticas que ha recibido por su relación con Laura Sarabia, Benedetti evitó entrar en detalles, pero insistió en que busca esclarecer si hubo contrataciones irregulares por parte de Fiduprevisora y FOMAG. “Es una pregunta por las futuras demandas que me pueden venir”, explicó. Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando se le consultó sobre la denuncia de Ángela María Buitrago, quien afirmó que Benedetti y Angie Rodríguez le pidieron cargos dentro del Ministerio de Justicia. El ministro fue enfático en rechazar esa acusación: “Puedo jurarle por mis hijos. Nunca jamás en la vida llamé a pedirle un puesto”. Además, anunció que la demandará por injuria y calumnia. Finalmente, Benedetti criticó el ambiente de división dentro del gabinete. “El ministro que esté con un presidente debe entender que ese Ministerio se debe al presidente de la República, y no como aquí, que cada uno sale contando infidencias y hacen puro show”, sentenció.

Nuevo revés para Daniel Quintero. Procuraduría sanciona a tres exfuncionarios clave por promoción política desde la Alcaldía

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial enfrenta un nuevo golpe tras las sanciones disciplinarias a tres miembros de su círculo más cercano por uso indebido del cargo público para favorecer su movimiento político. Quintero denuncia una “persecución” y afirma que buscan impedir su llegada a la Presidencia en 2026. La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero, por su presunta participación en actividades políticas en favor del movimiento Independientes, liderado por el propio exalcalde y actual precandidato presidencial. En fallo de primera instancia, el ente de control determinó que Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, citó a funcionarios públicos a una reunión el 8 de agosto de 2021 para promover la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, vehículo político de Quintero. Durante el encuentro, se habrían solicitado aportes económicos bajo la figura de “membresía” para apoyar la causa. Varios funcionarios hicieron consignaciones tras la reunión. Por estos hechos, Ramírez fue destituido e inhabilitado por 14 años. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, quien presionó a una funcionaria para entregar un aporte económico; y Fredy Alfonso Agudelo, subsecretario de Gestión de Bienes, quien facilitó su residencia en El Poblado para realizar la reunión e impidió el uso de celulares por parte de los asistentes. La Procuraduría argumentó que los hechos se dieron en pleno calendario electoral, por lo que se configura una intervención indebida en política desde el aparato estatal, valiéndose del poder jerárquico dentro de la administración pública para beneficiar un proyecto personal. Quintero reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales y denunció una persecución política. “Nos quieren sacar de la Presidencia, pero también perseguir a mi equipo. Un ejercicio de exterminio político sin precedentes”, escribió. También afirmó que se trata de una vendetta impulsada por sectores adversos: “Cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia (…) y no necesita probar nada”, dijo, aludiendo al testimonio de la funcionaria que denunció haber sido presionada para aportar dinero.   El exalcalde, quien también enfrentará una audiencia de imputación junto a 12 exfuncionarios, solicitó trasladar su caso a Bogotá, argumentando supuesta falta de garantías en Medellín. Su creciente protagonismo en el escenario político nacional y sus aspiraciones presidenciales para 2026 han encendido alertas entre sus detractores, que ven en sus acciones una estrategia de victimización, mientras sus críticos denuncian el uso político del aparato público.

Presidente Petro fortalece su influencia en la Corte Constitucional con elección de Héctor Carvajal como magistrado

Con 66 votos a favor en el Senado, fue elegido Héctor Carvajal, abogado y amigo personal del presidente, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La decisión consolida un bloque afín al Gobierno en el alto tribunal, mientras la oposición alerta sobre una posible captura institucional. “No se equivocaron”, dijo Petro al celebrar el nombramiento. El presidente Gustavo Petro anotó una victoria en su estrategia de ampliación de influencia institucional, Héctor Carvajal, reconocido abogado penalista y uno de sus más cercanos aliados, fue elegido este martes 20 de mayo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La votación en el Senado no dejó dudas: 66 votos a favor frente a los 26 de Karen Caselles y apenas 2 para Dídima Rico. La llegada de Carvajal, quien ha sido defensor jurídico del mandatario en escenarios cruciales como el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, marca un hito en la composición del alto tribunal. Con su nombramiento, el presidente empieza a consolidar un bloque mayoritario favorable dentro de la Corte Constitucional. Aunque su designación ya se daba por descontada, diversos expertos habían advertido sobre su paso fugaz por el tribunal. Carvajal tiene 67 años y la edad máxima para ejercer como magistrado constitucional es 70, por lo que su permanencia no superaría los tres años. Sin embargo, este corto periodo podría ser suficiente para inclinar la balanza en debates que involucren reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo o decisiones de alto impacto político. El vínculo entre Petro y Carvajal es público y de larga data. Además de ser su abogado en procesos de gran sensibilidad, el presidente le ofreció anteriormente dos cargos de alto perfil: primero como procurador general y luego como ministro de Justicia, posición que finalmente no aceptó.

Fiscalía pedirá cárcel para Carlos Ramón González, figura clave del gobierno Petro, por escándalo de corrupción en la UNGRD

El exdirector del Dapre y hombre de confianza del presidente será imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos en el caso que sacude al “gobierno del cambio”. La Fiscalía lo señala como determinador de la red de compra de congresistas para favorecer al Ejecutivo. En un nuevo golpe para el entorno más cercano del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los más influyentes asesores del mandatario. El poderoso funcionario, cuya cercanía con Petro se remonta a sus años en el M-19, será procesado en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia judicial está programada para este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si bien se espera que González se conecte virtualmente a la audiencia, su paradero exacto es incierto y, hasta ahora, no se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Según el comunicado oficial del ente acusador, González será imputado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Las fiscales del caso sostienen que su rol en la trama no fue marginal, por el contrario, habría sido el determinador del esquema que consistía en comprar el apoyo de congresistas a favor de iniciativas del Ejecutivo, utilizando recursos de la UNGRD. “El equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD acaba de solicitar audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González Merchán”, informó la Fiscalía. El organismo afirma contar con pruebas documentales, declaraciones de testigos y trazabilidad financiera que vinculan directamente al exfuncionario con el desvío de fondos públicos. González ya había sido mencionado en versiones de testigos como uno de los altos responsables del direccionamiento de contratos desde la UNGRD con fines políticos. Aunque hasta ahora había permanecido fuera del foco procesal directo, el avance de las investigaciones y la presión pública sobre el caso terminaron por ubicarlo en el epicentro de la red de corrupción. El escándalo de la UNGRD ha sido uno de los más explosivos del actual gobierno, y la solicitud de cárcel para una figura tan cercana a Petro representa un nuevo punto de inflexión. La imputación de Carlos Ramón González, que en su momento también fue considerado para ocupar cargos estratégicos como la dirección de inteligencia o incluso ministerios, se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo político de los recursos públicos por parte del Ejecutivo.