Olmedo López, exdirector de la UNGRD advierte sobre riesgos a su vida y crítica la improbación de su colaboración judicial, pese a su rol en el destape de una red de corrupción estatal. En una carta de once páginas dirigida a la Fiscalía General de la Nación y fechada el 29 de mayo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, denunció sentirse abandonado por el sistema judicial tras haber entregado información que permitió avanzar en una de las investigaciones por corrupción más graves del país. En el documento, solicita que se reevalúe de forma urgente el preacuerdo que había firmado con el ente acusador. López, quien rompió el silencio sobre una red de apropiación indebida de fondos públicos desde la UNGRD, sostiene que su testimonio permitió descubrir estructuras delictivas incrustadas en el poder, que involucraban a funcionarios de alto nivel. A pesar de esto, su preacuerdo fue rechazado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá el pasado 16 de mayo, decisión que el exfuncionario considera un mensaje desalentador para futuros colaboradores judiciales. Estas son los seis de la carta:1. Colaboración determinante en el caso de corrupciónLópez afirma haber sido el primero en aportar pruebas sustanciales sobre la corrupción al interior de la UNGRD, lo que facilitó que otros implicados aceptaran cargos y se revelaran más implicaciones políticas y administrativas. 2. Intento de soborno millonarioEl exdirector denunció que le ofrecieron 13 mil millones de pesos para guardar silencio, soborno que rechazó. Señala con frustración que quienes intentaron comprar su silencio hoy gozan de mayores beneficios jurídicos que él, como preacuerdos y principios de oportunidad. 3. Riesgo a su vida y la de su familiaLópez detalló amenazas, robos de documentos, seguimientos y ataques armados contra sus abogados. Pese a estos riesgos, afirma haber cumplido con su compromiso judicial, pero se siente ahora en total indefensión. 4. Crítica a la improbación del preacuerdoEl exfuncionario lamentó que el sistema haya desestimado su colaboración con una sanción que considera desproporcionada, socavando la confianza legítima de quienes colaboran con la justicia. “Este acuerdo no fue un acto unilateral, sino un compromiso conjunto entre el Estado y un testigo que cumplió con su parte”, escribió. 5. Devolución de dinero y petición de perdónLópez devolvió 742 millones de pesos que había apropiado indebidamente y ofreció perdón público al país, reiterando que su colaboración no buscó impunidad, sino aportar a la verdad. 6. Llamado por garantías y equidad institucionalFinalmente, solicitó que se garantice su seguridad y la de su familia, y que se actúe con coherencia institucional frente a quienes deciden hablar. “Hoy, incluso quienes intentaron sobornarme se acogen a beneficios que no existirían sin mi testimonio. Esa paradoja debe ser corregida con visión estratégica e institucional”, puntualizó. El juez que negó el preacuerdo argumentó que la propuesta de rebajar la pena de 12 años y 5 meses a 6 años y 2 meses no era proporcional, dado que se trataba de tres eventos delictivos distintos que sumaban una apropiación superior a los 25.500 millones de pesos. Además, cuestionó la falta de rigor frente al impacto de estos delitos, especialmente sobre poblaciones indígenas vulnerables. La carta de López ha reabierto el debate sobre la justicia premial en Colombia, su efectividad para desmantelar redes criminales y el tratamiento que reciben los testigos clave. Mientras tanto, el futuro jurídico del exdirector de la UNGRD continúa en el limbo, en un escenario marcado por la tensión entre el castigo ejemplar y la cooperación con la verdad.
Escrito por Yohana Urbano
