Más de 6.800 estudiantes extranjeros podrían verse forzados a abandonar la universidad de Harvard tras una decisión del Departamento de Seguridad Nacional. La universidad advierte sobre un golpe devastador a su misión académica y a su diversidad global. La Universidad de Harvard vive horas de caos y desconcierto luego de que el gobierno de Donald Trump revocara su autorización para matricular estudiantes internacionales, una decisión que afecta de manera directa a más de una cuarta parte de su comunidad académica y que amenaza con transformar profundamente la identidad de una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. El anuncio, hecho por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó por sorpresa a estudiantes y directivos. Ocurrió apenas minutos después de una ceremonia en la que funcionarios de la Oficina Internacional de Harvard celebraban con estudiantes de último año sus logros académicos. La noticia cayó como un balde de agua fría, sumiendo a miles de alumnos extranjeros en la incertidumbre. “No puedo creer que esto esté pasando”, dijo Karl Molden, estudiante austríaco, al describir la sensación generalizada entre sus compañeros: miedo, tristeza y una enorme frustración. La disputa entre Harvard y la administración Trump, llevó en abril a congelar más de 2 mil millones de dólares en subvenciones a la universidad tras su negativa a modificar políticas de contratación, admisión y currículo. Harvard respondió con una demanda ante un tribunal federal, pero el conflicto ha escalado rápidamente. La revocatoria de la matrícula internacional representa el golpe más grave hasta ahora. La universidad advierte que la decisión impactará especialmente a sus programas de posgrado, donde el peso de los estudiantes internacionales es mayor: representan el 59 % en la Escuela de Gobierno Kennedy, el 40 % en la Escuela de Salud Pública y el 35 % en la Escuela de Negocios. “Esto destruirá la universidad tal como la conocemos”, afirmó la profesora Kirsten Weld, presidenta de la sección local de la Asociación Americana de Profesores Universitarios. “Harvard está ubicada en EE. UU., pero su alma es internacional”. Más allá de lo académico, los estudiantes internacionales también aportan financieramente, no califican para ayudas federales y, en general, pagan más, lo que los convierte en una fuente clave de ingresos para la universidad. El impacto emocional también es profundo. Sarah Davis, australiana, teme no poder obtener su título o conservar el trabajo que le ofrecieron tras graduarse. Alfred Williamson, de Gales, considera transferirse a una universidad europea. Maria Kuznetsova, de Rusia, dice que la medida le recuerda las restricciones de su país de origen. La reacción entre estudiantes estadounidenses no ha sido menor. Caleb N. Thompson, copresidente del cuerpo estudiantil de pregrado, calificó la acción del gobierno como “un ataque flagrante e inaceptable”. Aseguró que la vida en el campus será irreconocible sin la presencia de alumnos de otros países. Mientras algunos confían en que Harvard librará la batalla legal, otros ya se preparan para lo peor: mudanzas, transferencias y cancelación de planes de trabajo. “Nos están usando como peones”, denunció uno de los estudiantes afectados. Con esta decisión, la administración Trump pone en juego no solo el futuro de miles de jóvenes, sino también el prestigio y la esencia global del sistema universitario estadounidense. La comunidad de Harvard, entre la perplejidad y la indignación, enfrenta ahora una de las crisis más profundas en su historia reciente.
El ministro Pedro Sánchez anunció en Medellín que no existen treguas vigentes con actores ilegales. La Fuerza Pública tiene orden de actuar con contundencia en todo el territorio nacional, mientras se prepara un plan integral de seguridad y desarrollo. Desde Medellín, durante un consejo de seguridad departamental, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que no hay vigente ningún cese al fuego con estructuras criminales, y que las Fuerzas Militares y de Policía están autorizadas para actuar sin restricciones contra cualquier amenaza armada en el país. “La orden es clara: responder ante cualquier amenaza, sin importar a qué grupo pertenezca. La prioridad es proteger la vida y garantizar la presencia institucional en todo el territorio”, afirmó el ministro. En su intervención, subrayó que no se tolerarán pactos locales ni ceses de hostilidades informales, y que todo grupo armado será tratado como objetivo militar. Durante el encuentro, también se abordaron problemáticas como el secuestro, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la trata de personas, todas asociadas a economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. “Donde hay minería ilegal, hay un grupo armado beneficiándose. Vamos a atacar esas fuentes”, puntualizó Sánchez. En paralelo a la ofensiva militar, el ministerio presentó un plan de intervención integral que incluye:Formalización de la minería artesanal.Ampliación de programas de protección a infancia y adolescencia.Inversión en educación, alimentación escolar y desarrollo comunitario.Fortalecimiento de la Fuerza Pública, con el ingreso de 16.000 nuevos militares y 20.000 policías, además de más cupos en escuelas de formación. El gobierno reafirma así su estrategia de “mano firme y desarrollo social” para enfrentar el crimen organizado, en un contexto de creciente presión territorial por parte de los grupos ilegales que siguen amenazando la estabilidad y seguridad de vastas regiones del país.