Una ponencia radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado podría poner fin anticipado al mandato de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por presuntas fallas en la conformación de la terna presidencial y en el procedimiento seguido por la Corte Suprema. La decisión se espera esta semana. La elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación enfrenta su momento más crítico. La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene en sus manos una ponencia que recomienda anular su nombramiento, con base en supuestas irregularidades tanto en la conformación de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro como en la votación realizada por la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2024. La ponencia, presentada por la magistrada Gloria Gómez Montoya, será discutida esta semana y podría derivar en la salida inmediata de la actual jefa del ente acusador, quien apenas cumple el primer año de su periodo de cuatro. Entre los argumentos de las demandas acumuladas —alrededor de una decena, de las cuales cuatro fueron admitidas y unificadas—, figura la renuncia de la entonces ternada Amelia Pérez, ocurrida minutos antes de la votación en la que fue elegida Camargo. Según los demandantes, la Corte no debió proceder con la elección al quedar desintegrada la terna, lo cual, afirman, viola principios constitucionales como la legalidad, la moralidad administrativa y la seguridad jurídica. Una de las demandas sostiene que, ante la renuncia de Pérez, la Corte debió comunicar formalmente la situación al presidente para que enviara un reemplazo. Otra crítica se centra en que la terna fue modificada sin el consentimiento expreso de todos sus integrantes, al cambiar en septiembre de 2023 a Amparo Cerón por Luz Camargo, lo que, según el accionante, carece de sustento legal. La controversia también se remonta a la presión que habría ejercido el Ejecutivo sobre la Corte para que avanzara con la elección, en un contexto de fuerte tensión tras la salida del anterior fiscal, Francisco Barbosa. El día de la votación, cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia en una protesta que terminó en disturbios, lo que llevó a los magistrados a denunciar “asedio” y reclamar garantías de seguridad para ejercer su función. Una de las demandas incluso invoca como causal de nulidad que se haya ejercido presión indebida sobre los magistrados, en alusión a estos desórdenes del 8 de febrero de 2024. Otro argumento cuestiona la falta de paridad de género, al estar conformada la terna exclusivamente por mujeres, hecho que algunos demandantes consideran discriminatorio por no permitir participación masculina. La Presidencia de la República, a través de sus apoderados, ha defendido la legalidad del proceso, argumentando que la conformación de la terna es discrecional y que la inclusión exclusiva de mujeres obedece a una medida afirmativa dentro de un marco de autodeterminación reforzada. También han sostenido que la renuncia de Amelia Pérez se presentó apenas minutos antes de la votación, por lo cual no se rompía la legalidad del procedimiento ni se desintegraba formalmente la terna. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha reiterado que no existe un procedimiento reglado para la conformación de la terna presidencial, y que el presidente cuenta con facultades para decidir su composición, siempre que respete los principios constitucionales generales. En su momento, el entonces presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, defendió la validez del proceso, calificando la renuncia de Pérez como “inane” por haberse producido a pocos minutos del inicio de la Sala Plena. No obstante, los demandantes insisten en que se trató de una terna incompleta que no podía ser usada como base legal para la elección. El propio presidente Petro reaccionó con preocupación a la posibilidad de que se anule la elección, advirtiendo desde su cuenta en X que devolver la Fiscalía a lo que denominó “el Cartel de la Toga” sería “extremadamente grave para Colombia y su futuro por décadas”. Con el fallo del Consejo de Estado previsto para esta semana, el país podría enfrentarse a un escenario de fuerte impacto institucional, que implicaría reabrir el proceso de elección de fiscal general y sumir en incertidumbre al sistema judicial. Todo dependerá ahora del criterio de los magistrados, que deben determinar si hubo o no una vulneración sustancial al marco legal que rige uno de los cargos más decisivos del aparato estatal.
Escrito por Carlos Sanchez