El alto tribunal rechazó la solicitud de aplazamiento y confirmó que la diligencia judicial se realizará el 26 de mayo, como estaba prevista. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la audiencia de acusación contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pese a una petición de la Fiscalía General de la Nación que buscaba aplazar la diligencia. El tribunal consideró infundados los argumentos presentados por el fiscal séptimo delegado ante la Corte, Jorge Velásquez, quien alegó la ausencia de la fiscal titular del caso por motivos de vacaciones. El magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente de la decisión, señaló que la audiencia podrá llevarse a cabo con la intervención del fiscal encargado o de otro funcionario que el ente investigador designe. De este modo, la Corte reiteró la fecha del 26 de mayo para la continuación del proceso judicial contra el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Sanguino enfrenta una investigación por su supuesta participación en el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá, una red de corrupción que operó durante la administración del exalcalde Samuel Moreno y que involucró a varios exfuncionarios públicos. Las decisiones de la Corte y otras instancias judiciales están sintonizadas con la confrontación política en el gobierno de Petro y la oposición? “A quien saque la cabeza a fortalecer el proyecto progresista se la cortan y sacan de la cárcel a n congresista para que alcance a votar contra la Consulta” dijo un líder comunal en el Cabildo realizado en Pasto.
Exdirector del Dapre y la DNI es señalado de liderar red de corrupción en la UNGRD para asegurar respaldo legislativo a reformas del gobierno Petro. Habría ordenado la entrega de $70.000 millones en contratos a congresistas. Está fuera del país y se desconoce su paradero. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, González fue acusado formalmente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El exfuncionario no aceptó los cargos y calificó las imputaciones como “calumnias sin fundamento”. Según la Fiscalía, González habría sido uno de los artífices de un esquema que buscaba asegurar el apoyo de congresistas clave a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, a través del direccionamiento de millonarios contratos de la UNGRD. La investigación señala que en 2023, González, junto con Olmedo López (entonces director de la entidad), habría gestionado la entrega de $70.000 millones en contratos: $60.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $10.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval, sostuvo que estos recursos tenían como fin garantizar respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo. Para concretar el plan, se habrían entregado $4.000 millones en efectivo a los legisladores, con la participación de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones. Name y Calle, ambos mencionados en la trama, habrían recibido el dinero en Bogotá y Montería, respectivamente. El caso involucra además el contrato de 40 carrotanques destinados a La Guajira, adjudicado por $46.800 millones, que habría servido para desviar parte de los fondos entregados a los congresistas, mediante sobornos acordados con el contratista Luis Eduardo López. La Fiscalía argumenta que González conocía plenamente el carácter ilegal de los actos y que actuó como determinador de la red corrupta. González se encuentra actualmente fuera del país y se desconoce su paradero. Por ello, la Fiscalía anticipó que solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario y que podría pedir el apoyo de Interpol. La audiencia de solicitud de medida fue fijada para el próximo 6 de junio a las 9 de la mañana.
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial enfrenta un nuevo golpe tras las sanciones disciplinarias a tres miembros de su círculo más cercano por uso indebido del cargo público para favorecer su movimiento político. Quintero denuncia una “persecución” y afirma que buscan impedir su llegada a la Presidencia en 2026. La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero, por su presunta participación en actividades políticas en favor del movimiento Independientes, liderado por el propio exalcalde y actual precandidato presidencial. En fallo de primera instancia, el ente de control determinó que Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, citó a funcionarios públicos a una reunión el 8 de agosto de 2021 para promover la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, vehículo político de Quintero. Durante el encuentro, se habrían solicitado aportes económicos bajo la figura de “membresía” para apoyar la causa. Varios funcionarios hicieron consignaciones tras la reunión. Por estos hechos, Ramírez fue destituido e inhabilitado por 14 años. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, quien presionó a una funcionaria para entregar un aporte económico; y Fredy Alfonso Agudelo, subsecretario de Gestión de Bienes, quien facilitó su residencia en El Poblado para realizar la reunión e impidió el uso de celulares por parte de los asistentes. La Procuraduría argumentó que los hechos se dieron en pleno calendario electoral, por lo que se configura una intervención indebida en política desde el aparato estatal, valiéndose del poder jerárquico dentro de la administración pública para beneficiar un proyecto personal. Quintero reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales y denunció una persecución política. “Nos quieren sacar de la Presidencia, pero también perseguir a mi equipo. Un ejercicio de exterminio político sin precedentes”, escribió. También afirmó que se trata de una vendetta impulsada por sectores adversos: “Cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia (…) y no necesita probar nada”, dijo, aludiendo al testimonio de la funcionaria que denunció haber sido presionada para aportar dinero. El exalcalde, quien también enfrentará una audiencia de imputación junto a 12 exfuncionarios, solicitó trasladar su caso a Bogotá, argumentando supuesta falta de garantías en Medellín. Su creciente protagonismo en el escenario político nacional y sus aspiraciones presidenciales para 2026 han encendido alertas entre sus detractores, que ven en sus acciones una estrategia de victimización, mientras sus críticos denuncian el uso político del aparato público.
El exdirector del Dapre y hombre de confianza del presidente será imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos en el caso que sacude al “gobierno del cambio”. La Fiscalía lo señala como determinador de la red de compra de congresistas para favorecer al Ejecutivo. En un nuevo golpe para el entorno más cercano del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los más influyentes asesores del mandatario. El poderoso funcionario, cuya cercanía con Petro se remonta a sus años en el M-19, será procesado en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia judicial está programada para este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si bien se espera que González se conecte virtualmente a la audiencia, su paradero exacto es incierto y, hasta ahora, no se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Según el comunicado oficial del ente acusador, González será imputado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Las fiscales del caso sostienen que su rol en la trama no fue marginal, por el contrario, habría sido el determinador del esquema que consistía en comprar el apoyo de congresistas a favor de iniciativas del Ejecutivo, utilizando recursos de la UNGRD. “El equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD acaba de solicitar audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González Merchán”, informó la Fiscalía. El organismo afirma contar con pruebas documentales, declaraciones de testigos y trazabilidad financiera que vinculan directamente al exfuncionario con el desvío de fondos públicos. González ya había sido mencionado en versiones de testigos como uno de los altos responsables del direccionamiento de contratos desde la UNGRD con fines políticos. Aunque hasta ahora había permanecido fuera del foco procesal directo, el avance de las investigaciones y la presión pública sobre el caso terminaron por ubicarlo en el epicentro de la red de corrupción. El escándalo de la UNGRD ha sido uno de los más explosivos del actual gobierno, y la solicitud de cárcel para una figura tan cercana a Petro representa un nuevo punto de inflexión. La imputación de Carlos Ramón González, que en su momento también fue considerado para ocupar cargos estratégicos como la dirección de inteligencia o incluso ministerios, se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo político de los recursos públicos por parte del Ejecutivo.