La vicepresidenta, tras su salida del Ministerio de Igualdad, se ha apartado del círculo de confianza del presidente y cuestiona públicamente al gobierno. Mientras tanto, impulsa su agenda en el Pacífico y empieza a perfilarse como figura política independiente. La relación entre el presidente Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, atraviesa su punto más tenso desde que llegaron al poder en 2022. Lo que empezó como una discrepancia interna tras el primer consejo de ministros televisado, en febrero de este año, ha evolucionado hacia una ruptura de facto en la dinámica del alto gobierno. Márquez fue apartada del Ministerio de Igualdad y, desde entonces, se ha distanciado notoriamente del Ejecutivo y de su jefe político. El episodio que precipitó la fractura fue su intervención en ese consejo, en el que criticó las versiones sobre un supuesto chantaje de Armando Benedetti, figura cercana al presidente. Márquez desapareció de la Casa de Nariño y de los consejos de ministros, y comenzó un proceso de recuperación de su agenda política desde una vicepresidencia sin presupuesto ni estructura operativa sólida. No obstante, su discurso ha ganado fuerza, especialmente en sectores sociales y territoriales que ven en ella una voz disidente dentro del mismo gobierno. “Gobernar en un país que tiene un estado racial y con un gobierno que también práctica el racismo y el patriarcado no ha sido fácil”, aseguró esta semana en un foro sobre economía afro, donde además expuso los obstáculos que ha enfrentado para cumplir sus funciones. Denunció la falta de apoyo, de recursos y de garantías institucionales, afirmando que su gestión se ha sostenido gracias a la cooperación internacional. En contraste con el silencio entre ella y el presidente, Márquez ha fortalecido relaciones con varios ministros para avanzar en su misión de cerrar las brechas de desigualdad en el Pacífico. Ha liderado avances en la reglamentación de la ley 70 de 1993 —que lleva más de tres décadas esperando su implementación—, impulsado la entrega de títulos colectivos a comunidades afro y promovido una política integral para el desarrollo de la región. Márquez ha evitado comprometerse con las movilizaciones convocadas por Petro en defensa de la consulta popular, e incluso declaró que esta no sería necesaria si el Congreso se compromete con las reformas sociales. “He hecho un llamado al diálogo y a un acuerdo nacional”, subrayó, apartándose de la línea combativa del mandatario. A pesar del deterioro en la relación, Márquez ha continuado operando institucionalmente. Ha sostenido encuentros con entidades del Estado, incluidos ministerios y direcciones técnicas, para coordinar acciones en el Pacífico. En una reunión reciente con el ministro del Interior, Armando Benedetti, logró el compromiso de financiación para la consulta previa que permitirá avanzar en la reglamentación de la ley 70, sin mencionar en ningún momento la consulta popular del presidente.
Escrito por Carlos Sanchez
