Denuncian penal y disciplinariamente a todos los ministros de Petro por la nueva consulta popular

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, acusa a los 19 ministros del Gobierno de Gustavo Petro de prevaricato y abuso de función pública por firmar la solicitud de una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud. Una tormenta jurídica y política rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, radicara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la totalidad de su gabinete. La acusación señala a los 19 ministros por presuntamente haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública al firmar la solicitud de una nueva consulta popular sin contar, según la denunciante, con competencia legal para ello. La consulta popular, radicada en el Senado el 19 de mayo por los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca que la ciudadanía decida en las urnas sobre las reformas laboral y al sistema de salud, dos de las apuestas más esperadas por la ciudadanía. Según la denuncia de Holguín, los ministros violaron el artículo 104 de la Constitución, que establece que la iniciativa para convocar una consulta popular corresponde exclusivamente al presidente de la República. Aunque el ministro Jaramillo firmó en calidad de ministro delegatario, la senadora afirma que los decretos de delegación presidencial (506 y 528 de 2025) no le otorgaban esa facultad específica, por lo que habría actuado de manera irregular.“El documento firmado por los ministros sería manifiestamente contrario a derecho”, argumentó Holguín, quien también elevó copias de la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando la apertura de investigaciones disciplinarias por posible extralimitación de funciones. Esta no es la primera vez que el proyecto de consulta popular del gobierno se enfrenta a obstáculos. La versión anterior fue rechazada por el Congreso, tras críticas de que buscaba posicionar políticamente al Ejecutivo en el marco de una posible campaña reeleccionista. El nuevo intento, radicado el 19 de mayo, ahora se enfrenta no solo al escrutinio legislativo, sino también a un complejo panorama judicial.

Estas son las 16 preguntas de la nueva consulta popular presentada por el Gobierno Petro: el país entra en un nuevo pulso político

El Ejecutivo radicó en el Senado una nueva versión de la consulta popular, ahora con 16 preguntas que abordan la reforma laboral y el sistema de salud. El documento, presentado por los ministros del Interior, Trabajo y Salud, amplía el debate en un momento de máxima tensión entre las fuerzas progresistas y los sectores tradicionales del Congreso. La propuesta, que busca ser decidida por el pueblo en las urnas, marca un nuevo capítulo en el intento del presidente Gustavo Petro por sacar adelante sus reformas estructurales a través de mecanismos de participación ciudadana. El Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizó este 19 de mayo en el Senado de la República una nueva consulta popular con 16 preguntas, una ampliación de la iniciativa original que fue rechazada por esa misma corporación solo seis días antes. La nueva versión mantiene las 12 preguntas laborales del texto anterior y suma cuatro más relacionadas con la reforma al sistema de salud, uno de los ejes centrales del proyecto de transformación del Ejecutivo. El documento fue radicado por los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), quienes aseguraron que se trata de una herramienta legítima para que el pueblo colombiano decida directamente sobre derechos fundamentales que, según el Gobierno, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente. Estas son las 16 preguntas de la nueva consulta popular: Reforma laboral (preguntas ya conocidas de la versión anterior): ¿Está usted de acuerdo con que toda persona que trabaja tenga derecho a estabilidad laboral? ¿Está de acuerdo con que el despido sin justa causa dé lugar al pago de una indemnización más alta que la actual? ¿Está de acuerdo con que se garantice el pago de recargos nocturnos desde las 6:00 p.m., y de domingos y festivos, sin disminuciones? ¿Está de acuerdo con que los contratos laborales prevalezcan sobre las órdenes de prestación de servicios en empleos permanentes? ¿Está de acuerdo con que el contrato laboral sea la forma general de vinculación en Colombia? ¿Está de acuerdo con que las plataformas digitales reconozcan a sus trabajadores como empleados con derechos laborales? ¿Está de acuerdo con que se garantice la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga sin represalias? ¿Está de acuerdo con que se establezca un salario diferencial por regiones solo si no disminuye el ingreso real del trabajador? ¿Está de acuerdo con que los trabajadores del campo tengan los mismos derechos laborales que los urbanos? ¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje y de jóvenes tengan condiciones dignas y protección social? ¿Está de acuerdo con que se proteja de forma efectiva a las trabajadoras domésticas con los mismos derechos del resto de trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los trabajadores sean escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que afecten su empleo? Reforma a la salud (nuevas preguntas añadidas):¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos para garantizar su entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y que la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? ¿Está de acuerdo con un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con más servicios especializados públicos, privados y mixtos? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los trabajadores de la salud vinculación formal, derechos laborales y salarios justos? El Senado tiene hasta el 17 de junio para decidir si avala esta nueva versión y permite que los colombianos voten directamente en las urnas. Mientras tanto, se mantiene el ambiente de polarización política. Por un lado, el Gobierno insiste en que la consulta es un instrumento de empoderamiento ciudadano. Por otro, juristas y sectores opositores cuestionan la legalidad de insistir en preguntas ya negadas y acusan al Ejecutivo de hacer demagogia y presionar al Congreso por la vía popular. La movilización social, convocada por las centrales obreras para finales de mayo y junio, será otro factor de presión. El pulso entre las fuerzas progresistas que respaldan al presidente Petro y los sectores tradicionales del Congreso ya está en marcha, con la ciudadanía como actor clave en un debate que puede redefinir el rumbo político del país.

Casi la mitad de los colombianos rechaza el hundimiento de la consulta popular, según nuevo Opinómetro de Datexco

Una encuesta nacional reveló que el 47,8% de los ciudadanos está en desacuerdo con la decisión del Senado de archivar la consulta popular impulsada por el Gobierno. En un contexto político cada vez más polarizado, el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio reveló que el 47,8% de los colombianos encuestados está en desacuerdo con el hundimiento de la consulta popular en el Senado, una herramienta impulsada por el Ejecutivo para avanzar en sus reformas sociales y económicas. Solo el 39% respalda la decisión del Congreso, mientras que un 13,2% no sabe o no respondió. El estudio, se basa en 700 encuestas realizadas entre el 14 y el 16 de mayo de 2025. Otro de los puntos sensibles consultados fue el impacto de la entrada de Colombia en la llamada “ruta de la seda”, una estrategia económica global liderada por China. Un 46,1% de los encuestados considera que esta decisión pone en riesgo las relaciones comerciales con Estados Unidos, mientras que un 33,9% opina lo contrario.   En contraste con los temas políticos, un asunto religioso tuvo amplia aceptación entre los encuestados: la elección de Robert Francis Prevost como nuevo Papa fue bien recibida por el 68,4% de los colombianos. La encuesta —que tiene un margen de error del 3,7% y un nivel de confianza del 95%— se realizó en cabeceras municipales de distintas regiones del país, incluyendo Bogotá, el Caribe, el centro, el oriente, el Pacífico y el Amazonas, mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y móviles seleccionadas aleatoriamente.