Sicario por $20 millones

Por atentar contra Miguel Uribe Turbay, con pago condicionado. El presunto atacante, un adolescente con antecedentes por hurto y homicidio, no aceptó los cargos por intento de asesinato y porte ilegal de armas. La Fiscalía investiga el origen del arma y la forma en que sería entregado el pago.

n medio de las investigaciones por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se conoció que el presunto sicario —un menor de edad— habría recibido una oferta de 20 millones de pesos por ejecutar el ataque. Según reveló Noticias Caracol durante la audiencia del 10 de junio, el pago solo se realizaría después de consumar el crimen.

Durante la diligencia judicial, el joven no aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Expertos en derecho penal explicaron que esta decisión podría estar relacionada con la intención de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, mediante el cual entregaría información a cambio de beneficios jurídicos.

El menor, quien ya contaba con anotaciones judiciales por presunta participación en un homicidio y por hurto, habría aprovechado una multitud para acercarse y disparar contra Uribe Turbay, según indicó la Fiscalía General de la Nación.

El atacante fue trasladado con estrictas medidas de seguridad al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá durante los próximos cinco meses mientras avanza el proceso en su contra. En caso de ser hallado responsable, podría enfrentar una pena de hasta ocho años en un centro especializado para menores.

Uno de los elementos más llamativos del caso es el arma utilizada: una pistola Glock calibre 9 mm, presuntamente adquirida el 6 de agosto de 2020 en Mesa, Arizona (Estados Unidos), por un hombre identificado como Charles Joe Anderson. La compra se habría realizado en un almacén llamado ‘Aji Port’. Sin embargo, la pistola no aparece registrada en las bases de datos del Departamento de Control y Comercio de Armas, Munición y Explosivos de Colombia, lo que sugiere un ingreso irregular al país.

Investigan si el pago al menor se iba a realizar mediante un giro bancario, en efectivo, o por otros medios.

El caso ha despertado preocupación sobre el uso de menores en estructuras criminales y la facilidad con que ingresan armas de alto calibre al país sin control adecuado. Por ahora, el proceso judicial continúa, mientras se intenta esclarecer quién está detrás del atentado y cuál fue su verdadero móvil.