Gobierno y congresistas defienden la soberanía nacional y rechazan declaraciones de legisladores estadounidenses que tildaron de injerencistas.

La decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, generó un amplio respaldo institucional y político dentro del país. La medida se dio como respuesta a la decisión del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de llamar a consultas al jefe de misión diplomática estadounidense en Bogotá, en medio de un contexto de tensión bilateral.

El presidente Petro explicó, a través de su cuenta oficial en la red X, que el retorno del embajador tiene como propósito informar sobre el desarrollo de la agenda bilateral, y reiteró los siete pilares de cooperación propuestos por Colombia a Estados Unidos. Entre ellos, figuran la transición energética, la protección de la Amazonía, la reforma financiera global, y una política migratoria centrada en la dignidad humana.

Rechazo a declaraciones de congresistas de EE. UU.

La acción diplomática del mandatario fue acompañada por una solicitud formal elevada por 30 congresistas colombianos al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, en la que pidieron investigar por presunta injerencia a los representantes Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar. Los legisladores argumentan que estos congresistas habrían emitido declaraciones y sostenido reuniones orientadas a deslegitimar al gobierno colombiano.

Pronunciamientos del gabinete y líderes políticos

Diversos funcionarios del Gobierno del Cambio respaldaron públicamente la postura del presidente. La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, calificó como “inaceptables” las declaraciones que desconocen la legitimidad del jefe de Estado. En la misma línea, la ministra de Comercio, Diana Morales, recordó que “la democracia exige respeto, especialmente de quienes dicen defenderla”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue más contundente al afirmar que el representante Giménez “es un conspirador que aupaba un golpe de Estado contra el Gobierno del Cambio”, y lo acusó de renegar de sus raíces latinas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció señalando la paradoja de que “un latino quiera llamarse Peter o George”, en referencia a actitudes que, según él, promueven visiones de supremacía racial y desprecio por América Latina.

El director de RTVC, Hollman Morris, calificó como inadmisible que “la extrema derecha estadounidense siga violando los derechos humanos de los más pobres del mundo”, y defendió el respeto a la legitimidad democrática del presidente colombiano.

Alfredo Saade, jefe de Gabinete, dirigió un mensaje al secretario Marco Rubio, señalando que tildar al presidente Petro de “narcoterrorista” es una muestra de “ignorancia histórica” y una “hipocresía profundamente desestabilizadora”, aludiendo al rol de Estados Unidos en intervenciones pasadas en la región.

Una postura de soberanía

La decisión de llamar al embajador a consultas ha sido leída como un mensaje claro de afirmación soberana. Desde el Gobierno se reitera que la relación bilateral debe construirse sobre el respeto mutuo, la cooperación y la no injerencia. En momentos de tensión internacional, la respuesta del Ejecutivo colombiano busca reafirmar su legitimidad democrática y exigir un trato respetuoso entre naciones.

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Redacción

Victoria Ricaurte