La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que no prospere la demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara David Racero Mayorga, investigado por presunto tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La acción judicial sostiene que Racero habría intervenido indebidamente en procesos de contratación de esa entidad para beneficiar a allegados suyos, supuestamente con la colaboración del director del SENA, Jorge Londoño Ulloa, y su tío José Luis Mayorga.

Sin embargo, durante la intervención ante el Consejo de Estado, la procuradora delegada Idayris Yolima Carrillo pidió desestimar la demanda. A su juicio, los hechos descritos no constituyen tráfico de influencias sino una recomendación, la cual —según reiterada jurisprudencia— no configura causal de pérdida de investidura.

“Del contenido de los audios antes referenciados no es posible concluir de manera inequívoca que el demandado hubiera invocado su condición de congresista para presionar la contratación, ni que existiera constreñimiento alguno”, indicó Carrillo. Agregó que la sola mención de contactos políticos no prueba un “influjo psíquico” sobre los funcionarios encargados de tomar decisiones.

La delegada explicó que, para que se configure tráfico de influencias, debe existir una gestión acompañada de negociación o presión indebida: “Recomendar no es influenciar. La recomendación no lleva implícita una contraprestación ni constituye una acción sancionable en el marco de esta figura jurídica”.

Por su parte, David Racero se defendió personalmente, sin abogado, y reiteró su inocencia. “No he cometido ningún acto ilegal ni irregular, ni mucho menos el delito de tráfico de influencias. No hay pruebas en mi contra”, afirmó el congresista del Pacto Histórico.

Racero también cuestionó los móviles de la demanda: “Politizar el sistema de justicia no le hace bien al país. No se puede intentar presionar decisiones judiciales con fines políticos”.

El Consejo de Estado deberá ahora evaluar si existen elementos suficientes para retirar la investidura del congresista, una decisión que tendría efectos políticos significativos tanto para Racero como para el Pacto Histórico.

Redacción

Dayanna Pabon