Durante el consejo de ministros televisado del 24 de junio, centrado en los avances del programa Hambre Cero, el presidente Gustavo Petro abordó la controversia generada por la participación de reconocidos cabecillas de bandas delincuenciales en un acto público en Medellín, como parte de la estrategia de paz urbana. El mandatario afirmó que se trató de “personas en rehabilitación”.

“En Medellín no subí delincuentes a la tarima. Subí personas privadas de la libertad que quieren decirle al pueblo que están dispuestas a reparar el daño causado. La justicia parte de que quien está preso no es un delincuente, sino una persona en rehabilitación”, señaló Petro.

La controversia ha puesto de relieve las tensiones políticas entre el Gobierno Nacional y autoridades locales, así como las dificultades éticas y legales de buscar salidas negociadas al conflicto urbano.

Mientras el Ejecutivo insiste en un enfoque restaurativo, los sectores contrarios manejan un discurso de alerta sobre el riesgo de legitimar la criminalidad organizada, en muchos casos olvidando andanzas con esos grupos.

El debate está abierto: ¿es posible construir paz con quienes sembraron el miedo, sin afectar a las víctimas ni desdibujar la autoridad del Estado?