Las más recientes decisiones de la Corte Constitucional, que anularon cinco decretos expedidos bajo el estado de conmoción interior en el Catatumbo y en municipios del Cesar, han generado reacciones inmediatas desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro lamentó públicamente lo que considera un revés para los esfuerzos de paz en la región y cuestionó el impacto de otro fallo del alto tribunal, esta vez relacionado con el cobro por valorización en obras públicas.

“Se frena una medida de justicia social”

A través de una declaración difundida este miércoles, el mandatario calificó como regresiva la decisión de la Corte de declarar inexequible el mecanismo que permitía extender a nivel nacional el cobro de valorización por la ejecución de obras públicas. Según Petro, se trataba de una herramienta de financiamiento “justa” que permitía que sectores beneficiados por el aumento del valor de sus propiedades contribuyeran al desarrollo de infraestructura, especialmente en regiones históricamente excluidas.

“Si el dinero público se dedica a valorizar las propiedades de los sectores más ricos y no se puede cobrar ese plusvalor creado por la obra pública, entonces ese dinero se convierte en un instrumento que aumenta la desigualdad”, afirmó el presidente.

En su pronunciamiento, Petro aludió directamente al caso de la doble calzada Cartagena–Barranquilla, obra que según él incrementó el valor de propiedades ocupadas por grandes condominios construidos en zonas sensibles como humedales. “Char agradece a la Corte por tumbar la medida que podría cobrar a los copropietarios de lujo que han gentrificado”, agregó en referencia al exalcalde barranquillero Alejandro Char.

Señalamientos al modelo de Estado

El mandatario cuestionó también lo que denominó la falta de espíritu democrático de algunas decisiones judiciales y su efecto en la visión del Estado como un instrumento al servicio de las clases más favorecidas. “Así solo aumenta la violencia”, advirtió.

Decretos anulados y validados

La Corte Constitucional anuló cinco decretos por vicios de forma, entre ellos uno que buscaba habilitar recursos extraordinarios para gobernaciones y alcaldías, y otro orientado a medidas de protección de derechos humanos. Todos fueron considerados inconstitucionales por no cumplir con los requisitos formales, especialmente la firma de todos los ministros.

No obstante, se mantuvieron tres decretos: el que crea un comando militar unificado en la región, otro sobre protección laboral y uno adicional que garantiza el transporte durante la conmoción.

Organizaciones sociales y sectores académicos han comenzado a pronunciarse sobre la tensión entre la legalidad formal y la necesidad de respuestas ágiles ante crisis humanitarias. En tanto, el Congreso podría tener que asumir un rol más activo para tramitar, por la vía legislativa, medidas que fueron inicialmente intentadas por decreto.