Petro advierte al Registrador
El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de solicitar un concepto al Consejo de Estado antes de avanzar con la convocatoria a la consulta popular impulsada por el gobierno. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario sostuvo que el decreto que ordena la consulta es de obligatorio cumplimiento y advirtió que desobedecerlo constituye un acto de sedición.
Según el presidente, el decreto tiene plena validez por haber sido firmado con la legitimidad que le otorga el voto popular. Añadió que, aunque acatará lo que defina la corte constitucional, el texto firmado goza de presunción de legalidad y, por tanto, debe respetarse. “Solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”, expresó el jefe de Estado.
En su pronunciamiento, también cuestionó lo que calificó como una campaña para restarle poder a la presidencia por parte de funcionarios no elegidos por voto popular. “En éste, solo por ser de origen diferente, se ha decidido vaciar de poder la presidencia, e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional”, señaló Petro. Agregó que la Registraduría, en su papel de árbitro electoral, no debe tomar partido político, y exhortó a las fuerzas sociales y mayoritarias del país a no permitirlo.
El registrador Hernán Penagos, por su parte, justificó su decisión al considerar que se trata de una controversia jurídica sin precedentes en el país. Durante una rueda de prensa, explicó que organizar una consulta de tal magnitud requiere una planeación rigurosa y que, sin un pronunciamiento del Consejo de Estado, no se puede proceder con la convocatoria.
El decreto firmado por el presidente consta de ocho artículos que detallan tanto los fundamentos legales como los aspectos logísticos de la consulta, en la cual se plantean doce preguntas relacionadas con la reforma laboral. Aunque el Senado negó la convocatoria el 14 de mayo, el Ejecutivo insiste en su realización y ha dejado en manos de la Registraduría la decisión final, ahora condicionada a lo que determine el alto tribunal.
