Ofensiva para que congresistas devuelvan tierras baldías
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), respaldada por el presidente Gustavo Petro, investiga a al menos siete senadores y representantes por presunto uso indebido de predios baldíos.
En un proceso anunciado durante el Consejo de Ministros del pasado 27 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con apoyo del presidente Gustavo Petro, inició una investigación contra siete integrantes del Congreso por la supuesta apropiación de tierras baldías —es decir, terrenos no adjudicados que debieron ser entregados a campesinos o víctimas del conflicto armado— en departamentos como Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Vichada y Santander .
Entre los señalados figuran el senador Lidio García Turbay (Partido Liberal), vinculado a 243 hectáreas en San Juan Nepomuceno, Bolívar; el senador Juan Samy Merheg (Partido Conservador), asociado con 54 hectáreas a través de Inveragro en Obando, Valle del Cauca; y el senador Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador), por un predio de 25 hectáreas en Cereté, Córdoba, actualmente en prescripción judicial .
También están involucrados la senadora Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), por inmuebles en Ciénaga de Oro, Córdoba; el representante Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical), por 377 de un total de 3.970 hectáreas en Vichada—cuyo expediente ya habría fallado a favor del Estado el pasado 16 de abril de 2024—; el representante Luis Eduardo Díaz (Partido Conservador), por un caso en El Cerrito, Santander; y el senador Antonio Zabaraín (Cambio Radical), por un terreno de 20 hectáreas en Zona Bananera, Magdalena .
Los congresistas han rechazado las acusaciones. Lidio García aseguró haber comprado su finca “Buenaventura” en 2020 mediante un proceso legalmente establecido, y calificó la acusación como “violencia política”. Merheg no se pronunció, y Pineda consideró los señalamientos como “calumnias” surgidas tras su voto negativo a la consulta popular promovida por el gobierno. Cuenca negó ser propietario de los predios y ha pedido a la ANT que lo excluya del expediente. Bitar garantizó que todos sus adquiridos cumplen con la legalidad, Díaz afirmó haber adquirido su terreno con fondos acreditados y advirtió que no tolerará insinuaciones sin prueba . Zabaraín, por su parte, afirma que “no tengo propiedades” y amenazó con verificar personalmente la ubicación del predio que le atribuyen.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que se están revisando los antecedentes registrales y que el fenómeno afecta a congresistas de partidos como Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U.
Los procesos serán judiciales y administrativos, y buscan que los terrenos vuelvan a manos de campesinos o víctimas, como parte del avance de la reforma agraria del gobierno Petro.
El escenario político es tenso. Los implicados dicen que sus posiciones críticas son el verdadero motivo de las imputaciones, mientras el Ejecutivo sostiene que solo se cumple la ley y se persigue la justicia agraria. El pulso entre poder ejecutivo y legislativo podría escalar aún más con el desarrollo de las investigaciones.
