El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reaccionó a la investigación disciplinaria abierta en su contra por el procurador general Gregorio Eljach y aseguró que se trata de un proceso con motivaciones políticas. El funcionario anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación que investigue el patrimonio del jefe del Ministerio Público.

Montealegre afirmó que detrás de las acciones en su contra existiría, según él, una alianza de intereses que involucra al exmagistrado Jorge Pretelt, al abogado Abelardo de la Espriella y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A este bloque lo calificó como una “troika” que busca “silenciarlo e inhabilitarlo” en su cargo.

“Creo que se va primero el procurador de su cargo que yo como ministro de Justicia. Soy un hombre transparente y no tengo rabo de paja. El procurador sí lo tiene y debe explicarle al país sus vínculos con sectores cercanos al paramilitarismo”, declaró Montealegre.

El ministro recordó que, cuando ocupó el cargo de fiscal general, abrió una investigación contra Eljach por presuntas intervenciones en el Congreso para frenar un proceso contra Jorge Pretelt, hoy condenado por corrupción. Añadió que el actual procurador habría actuado en coordinación con De la Espriella, abogado defensor de Pretelt en ese momento.

Montealegre pidió que se verifique si el patrimonio de Eljach corresponde con sus ingresos oficiales y si ha recibido beneficios económicos irregulares. “En estos casos siempre hay relaciones económicas que explican los patrones de impunidad”, aseguró.

El ministro informó también que presentó una recusación formal contra Eljach alegando falta de imparcialidad en su actuación:

“El procurador ya me condenó públicamente cuando calificó mis declaraciones como indebidas. No tengo garantías de un proceso disciplinario justo cuando la autoridad que me investiga ya emitió un juicio previo”.

Montealegre sostuvo que la Procuraduría estaría impedida no solo en cabeza del procurador, sino además en la de sus funcionarios subordinados debido a su dependencia jerárquica. Según dijo, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la recusación presentada.

Finalmente, reiteró que la investigación en su contra sería parte de una ofensiva dirigida a afectar su gestión:

“Lo que está en juego no es mi cargo, sino la independencia de la justicia frente a estructuras que representan la impunidad y el poder político”.

Redacción

Dayanna Pabon