El conflicto por la herencia del emporio constructor Luis Héctor Solarte escala a la justicia, revelando presuntas maniobras financieras que comprometen la estabilidad de proyectos como el Aerocafé y la Avenida 68, publica de revista Cambio.

El legado del Grupo Empresarial LHS, un conglomerado que por más de cinco décadas ha sido protagonista de la infraestructura en Colombia, ha dejado de ser una historia de éxito privado para convertirse en un foco de preocupación pública. Diego Solarte, uno de los herederos del fallecido ingeniero Luis Héctor Solarte, ha acudido a la Fiscalía y a la Superintendencia de Sociedades para denunciar a sus hermanos, Luis Fernando y Gabriel Solarte, por un presunto entramado de ingeniería empresarial destinado a diluir su participación patrimonial mediante documentos falsificados y créditos internos irregulares.

Lo que en apariencia es una fractura familiar, adquiere una dimensión social profunda al observar las empresas involucradas: Sonacol y Constructora LHS. Estas firmas son actualmente responsables de proyectos críticos para la movilidad y el desarrollo regional, como la construcción de la Avenida 68 en Bogotá —arteria vital para el transporte de la clase trabajadora capitalina—, el Aeropuerto del Café (Aerocafé) y el aeropuerto de Tolú. La denuncia sugiere que la solvencia financiera presentada por estas empresas para ganar dichas licitaciones podría estar cimentada en maniobras contables cuestionables.

Según el expediente, se habrían desviado cerca de 99.000 millones de pesos de un fideicomiso familiar (Unión Global) para financiar a Sonacol, permitiéndole adquirir acciones en el proyecto Autopistas del Nordeste. Sin este movimiento, señalan los abogados del denunciante, la empresa no habría cumplido con los requisitos financieros exigidos por el Estado para contratar obras de gran magnitud. El riesgo para el país es evidente: si la justicia ordena el cobro de estas deudas internas, la estabilidad financiera de los contratistas se desplomaría, dejando a la ciudadanía con obras inconclusas, mayores costos fiscales y retrasos en servicios esenciales.

Por su parte, la defensa de los hermanos señalados sostiene que las acusaciones son falsas y que el manejo del patrimonio ha sido transparente, enfocado en mantener los empleos y la operación de las compañías.

Redacción

Victoria Ricaurte