Los tentáculos del ‘clan del Golfo’ llegan a Dubái. Capos colombianos estarían financiando el ‘plan pistola’ desde el lujo y el anonimato

Mientras Colombia enfrenta una nueva ola de asesinatos contra miembros de la Fuerza Pública, atribuida al denominado ‘plan pistola’, el gobierno del presidente Gustavo Petro apunta hacia una red internacional de financiamiento y dirección criminal con base en Dubái. Desde este emirato, mafiosos colombianos y de otras nacionalidades operan bajo la fachada de inversionistas, moviéndose entre el lujo, la impunidad y la sombra. Emiratos Árabes Unidos ya comenzó a compartir información clave con Colombia, y la DEA prepara extradiciones.

“El asesinato sistemático de hijos del pueblo no quedará impune. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái”, advirtió el presidente Gustavo Petro el 29 de abril, tras confirmar el asesinato de 23 policías y militares, en una nueva ofensiva del ‘clan del Golfo’. Los crímenes, ejecutados con francotiradores y explosivos, remiten al oscuro legado del narcoterrorismo de los años noventa.

Pero lo que hoy diferencia esta ofensiva es su alcance global. Según revelaciones recientes, parte de la financiación y coordinación del plan se estaría gestando desde Dubái, epicentro del lujo y —según Petro— del nuevo poder mafioso. Desde allí operan capos colombianos y extranjeros que, tras pagar cárcel o con procesos pendientes, ahora se camuflan como “empresarios” con pasaportes falsos, vuelos privados y mansiones en Abu Dabi, Turquía o el sur de Francia.

Uno de los señalados es Junior Cortés, hijo del asesinado narco ‘Chucho’ Cortés. A su lado figura alias ‘Burger King’, capo paisa vinculado al uso de rutas desde Venezuela a Turquía para evadir controles estadounidenses. A ellos se suman mafiosos albaneses, centroamericanos y el español Alejandro Salgado Vega, alias ‘el Tigre’, quien habría desaparecido de la escena dubaití tras una imputación de la justicia española por narcotráfico.

Desde hace meses, Colombia ha solicitado a Emiratos Árabes la colaboración para rastrear y judicializar a estos personajes. El intercambio de inteligencia ya empezó, y se están analizando registros migratorios en el aeropuerto de Al Garhoud. Simultáneamente, la DEA arma un expediente para solicitar extradiciones a través de una corte en Texas, mientras agentes federales siguen los movimientos de estos capos, varios de los cuales ya se estarían desplazando a Turquía para bajar el perfil ante la presión internacional.

A este entramado se suma el caso de Julio Lozano Pirateque, exnarcoesmeraldero, señalado en una interceptación de alias ‘Otoniel’ como colaborador activo del narcotráfico. Lozano ha negado cualquier vínculo actual con actividades ilícitas y acusa a terceros de vincular su nombre sin pruebas. Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia verifica su situación, al tiempo que se investiga la posible relación del actual cabecilla del ‘clan del Golfo’, alias ‘Chiquito Malo’, con asesinatos recientes de esmeralderos en Bogotá y los ataques contra uniformados.

Lo que está en juego no es solo la seguridad nacional, sino la capacidad del Estado para enfrentar una red mafiosa transnacional que ha sofisticado sus formas de operar y expandido su influencia más allá de las fronteras. La ofensiva anunciada por el presidente no solo apunta a los territorios cocaleros, sino a desmantelar una “junta directiva del narcotráfico” que, desde el confort de Dubái, sigue operando con alcance global.