La ofensiva militar de Estados Unidos en América Latina tiene el apoyo de Ecuador
En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Carondelet, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva etapa en la estrategia de Washington contra el crimen organizado en América Latina.
La iniciativa incluye operativos militares conjuntos con países aliados y la designación de grupos delictivos como organizaciones terroristas.
Acompañado por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y tras reunirse con el presidente Daniel Noboa, Rubio declaró que Estados Unidos está dispuesto a apoyar con ataques armados contra estructuras criminales, replicando el modelo de una reciente operación en el Caribe en la que fallecieron 11 personas. “Esos gobiernos nos ayudarán a encontrar a estas personas y a volarlas por los aires”, afirmó, una declaración que ha despertado alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Rubio también confirmó que el Departamento de Estado clasificará a las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida permitirá la aplicación de sanciones económicas y abre la puerta a una mayor cooperación militar, aunque también ha sido criticada por expertos en seguridad por su potencial para justificar un uso desproporcionado de la fuerza.
Durante su visita, el alto funcionario anunció un paquete de ayuda por $13,7 millones para reforzar la lucha antidrogas en Ecuador, junto con una inversión adicional de $6 millones en tecnología de vigilancia, especialmente drones. Aunque estas acciones se presentan como apoyo a la seguridad, diversos sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por una posible militarización de la política interna, con riesgos para los derechos y garantías democráticas.
“No se puede tener prosperidad económica sin seguridad”, argumentó Rubio, quien también presionó al gobierno ecuatoriano para reducir sus vínculos comerciales con China. Asimismo, adelantó que se negocia un nuevo tratado de extradición y posibles deportaciones desde Estados Unidos hacia Ecuador, incluso de personas no nacionales.
El presidente Noboa, recientemente reelegido en un contexto de alta inseguridad, ha adoptado una postura de mano dura frente al crimen organizado. Su declaratoria de estado de emergencia en enero de 2024 fue objeto de críticas por parte de organismos internacionales, que alertaron sobre posibles excesos por parte de las fuerzas del orden.
Pese a la urgencia del combate al narcotráfico, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores progresistas insisten en la necesidad de enfoques integrales que prioricen la prevención, la justicia social, el fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de derecho. En este escenario, la creciente presencia e injerencia de Estados Unidos en las políticas de seguridad regional suscita preocupaciones sobre la soberanía nacional y el rumbo democrático de los países involucrados.
