En una decisión sin precedentes, el alto tribunal congeló el decreto que buscaba financiar el gasto público mediante nuevos impuestos.

La Corte Constitucional suspende, por primera vez, los efectos de un decreto de emergencia económica antes de emitir un fallo definitivo. Con una votación de 6 a 2, la Sala Plena decidió frenar el Decreto 1930 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía recaudar 11 billones de pesos a través de impuestos de vigencia inmediata.

Según la ponencia del magistrado Carlos Camargo, permitir que el Gobierno cree tributos por decreto, sin que existan hechos sobrevinientes o catastróficos que lo justifiquen, suplantaría la voluntad del Legislativo y debilitaría las reglas del juego democrático que protegen a toda la ciudadanía de decisiones arbitrarias.

Desde una perspectiva garantista, la Corte aplicó una facultad excepcional para proteger la supremacía de la Carta Política. El argumento central es que el presupuesto y las cargas tributarias deben ser discutidos en el Congreso.

La decisión ha generado una fuerte reacción en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro advirtió sobre las dificultades que esta suspensión traerá para el manejo de la crisis social, mientras que sectores del gabinete calificaron la medida como una defensa de intereses particulares.

A la fecha, el Gobierno ya había recaudado cerca de 800.000 millones de pesos bajo el amparo de este decreto ahora suspendido. El futuro de estos recursos y la viabilidad de los proyectos sociales que dependían de ellos quedan en el aire mientras la Corte estudia el fondo del asunto.

Redacción

Victoria Ricaurte