Dos fiscales federales de Nueva York abren líneas de investigación sobre el entorno del primer mandatario tras años de controversias por ingresos de capitales no reportados y nexos con figuras cuestionadas.

La recta final del mandato de Gustavo Petro enfrenta un nuevo desafío jurídico de escala internacional. Según reportes revelados este viernes por The New York Times, la justicia de los Estados Unidos, a través de dos fiscales federales en Nueva York, ha iniciado indagaciones preliminares sobre el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña que llevó al actual presidente al poder en 2022. Aunque la justicia estadounidense mantiene bajo reserva los nombres de los terceros involucrados y las pruebas específicas, el rastro de la investigación coincide con varios episodios de crisis que han marcado la agenda política colombiana en los últimos cuatro años.

Desde antes de su triunfo electoral, el entonces candidato Petro había advertido sobre supuestos planes de infiltración en su contra gestados desde los centros penitenciarios. Sin embargo, una vez en la Casa de Nariño, las denuncias pasaron de la especulación política al terreno judicial interno. Uno de los puntos de quiebre ocurrió con el llamado “Pacto de La Picota”, tras conocerse visitas de familiares del mandatario y gestores de paz a reclusos condenados por parapolítica y corrupción. Si bien la defensa gubernamental sostuvo que se trataba de acercamientos en el marco de una propuesta de “perdón social”, la sombra de posibles beneficios judiciales a cambio de apoyo electoral ha sido un argumento recurrente de sus detractores.

El frente judicial más complejo para el Ejecutivo sigue siendo el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente. Señalado inicialmente por su expareja de recibir fondos de Santander Lopesierra —quien cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos— y del entorno del contratista Alfonso Hilsaca, el caso ha tenido múltiples giros. Tras un reconocimiento inicial de los hechos ante la Fiscalía, Petro Burgos se retractó alegando presiones indebidas. Actualmente, el hijo del mandatario enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras el presidente sostiene que nunca tuvo conocimiento de dichos movimientos financieros en su campaña.

A este panorama se suman las filtraciones de audios del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en comunicaciones privadas sugirió la entrada de 15.000 millones de pesos a la contienda electoral de manera irregular. Asimismo, investigaciones periodísticas en la región del Casanare vincularon logísticamente a personas cercanas al narcotraficante Juan Carlos López Macías con las actividades de cierre de campaña en esa zona del país.

Ante la apertura de estas nuevas indagaciones en Nueva York, el Estado colombiano enfrenta el reto de garantizar la transparencia y el debido proceso. La sociedad civil permanece a la expectativa de que el sistema judicial, tanto nacional como extranjero, logre determinar si las faltas fueron conductas individuales de mandos medios y familiares, o si existió una vulneración estructural a los principios democráticos que rigen la financiación de la política en el país.