El hombre, quien se declaró inocente, fue enviado a prisión por decisión de un juez tras hallarse pruebas contundentes en su contra. En sus redes sociales aparecían mensajes sugestivos y fotos con menores de edad, lo que genera más inquietudes sobre su trayectoria laboral en instituciones infantiles.

Freddy Arley Castellanos Velasco, el hombre acusado de abusar sexualmente de al menos tres menores de edad en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, fue enviado a prisión preventiva pese a declararse inocente. La Fiscalía, con base en pruebas documentales y testimoniales, logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario.

Más allá de los delitos que se le imputan —acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años—, en los últimos días se han conocido detalles inquietantes sobre el comportamiento en redes sociales de Castellanos, que podrían perfilar un patrón de riesgo.

Hasta 2014, su cuenta de Facebook permanecía activa y era actualizada con frecuencia. En ella, se encuentran fotografías en las que aparece acompañado de menores de edad en salidas pedagógicas, obras de teatro y actividades escolares, lo que confirma su cercanía profesional con la primera infancia. Su foto de portada muestra a un grupo de niños disfrazados y en el muro se hallan publicaciones con mensajes de connotación sexual y otras de tono sugestivo, una de las cuales llegó a ser su imagen de perfil.

Según estableció EL TIEMPO, Castellanos no solo había trabajado en múltiples instituciones infantiles —tanto públicas como privadas—, sino que además había participado recientemente en un curso titulado “Prevenir y detectar la violencia en la primera infancia”, lo que genera más dudas sobre los controles en los procesos de contratación.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que Castellanos estaba vinculado desde inicios de este año a la unidad operativa de un hogar infantil bajo una asociación contratista. También afirmó que el instituto está evaluando si hubo omisiones por parte del comité técnico encargado de revisar las hojas de vida. “Si se comprueba que hubo fallas en los procedimientos, se tomarán las medidas correspondientes”, aseguró.

Aunque la Fiscalía confirmó que el señalado no tenía antecedentes judiciales previos, los elementos probatorios recabados en la etapa inicial de la investigación —entre ellos testimonios de víctimas y registros institucionales— fueron suficientes para que se dictara la medida privativa de libertad mientras avanza el proceso penal.

El caso ha generado profunda conmoción pública, y ha reabierto el debate sobre la idoneidad de los filtros aplicados en la selección del personal que trabaja con menores de edad. Las autoridades ya investigan si hay más víctimas y si hubo negligencias institucionales que permitieron que Castellanos llegara a tener acceso directo a niños bajo protección del Estado.


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Redacción

AdminNarino