El candidato presidencial denunció una estrategia sistemática de estigmatización que busca vincularlo con grupos armados mediante pruebas declaradas ilegales por la justicia colombiana.

El recurso internacional señala presuntas presiones en Estados Unidos para forzar un proceso judicial sin sustento.

En un paso decisivo por la defensa de sus derechos civiles y el respeto a las garantías democráticas, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, radicó formalmente un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El líder político denunció ser blanco de una “persecución política” orquestada para descarrilar su aspiración electoral mediante el uso de señalamientos falsos y narrativas de estigmatización que intentan presentarlo como un aliado de estructuras criminales.

Cepeda señaló directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez como el principal impulsor de una campaña difamatoria que busca etiquetarlo como el “heredero de las Farc”. Según el candidato, esta estrategia no se limita al debate público nacional, sino que ha trascendido fronteras. Durante la rueda de prensa, advirtió sobre visitas de dirigentes del Centro Democrático a Estados Unidos con el objetivo de presionar a autoridades judiciales de ese país para iniciar una investigación infundada que derive, eventualmente, en una solicitud de extradición bajo cargos inexistentes de narcotráfico.

El trasfondo de estos ataques radica en la reactivación de menciones en los denominados “archivos de Raúl Reyes”. Al respecto, Cepeda fue enfático en recordar que el sistema judicial colombiano ya se pronunció de manera definitiva sobre este material. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de agosto de 2011, determinó que dichos archivos carecen de valor probatorio debido a que fueron recolectados ignorando los protocolos internacionales de cadena de custodia y legalidad.

“No se trata de desconocer la existencia material de unos dispositivos, sino de respetar el Estado de Derecho”, sostuvo el candidato, haciendo eco de la jurisprudencia de la Corte que declaró la ilegalidad de esos elementos. Para Cepeda, el intento de revivir estos señalamientos a través de medios de comunicación no es un ejercicio informativo, sino una herramienta de persecución que vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso.

El recurso ante la CIDH busca que el organismo internacional vigile las garantías políticas en Colombia, en un contexto donde la estigmatización ha sido históricamente la antesala de la violencia contra líderes sociales y figuras de oposición. Con esta acción, Cepeda pretende que se detenga el uso de la institucionalidad y la opinión pública como armas de guerra política, reivindicando su derecho a participar en la contienda electoral sin el peso de montajes judiciales que ya han sido desestimados por los altos tribunales del país.

Redacción

Victoria Ricaurte