Iglesia exige soluciones urgentes ante crisis social y abandono estatal en el Puente de Rumichaca

Las diócesis de Ipiales y Tulcán instan a los gobiernos de Colombia y Ecuador a priorizar el diálogo frente a la “guerra de aranceles” y la expansión de economías ilícitas que golpean a los sectores más vulnerables de la región.

La crisis multidimensional que fractura la cotidianidad en la frontera colombo-ecuatoriana ha alcanzado un punto crítico, motivando un inusual y contundente pronunciamiento conjunto de las instituciones eclesiásticas de ambos lados de la línea internacional.

A través de un comunicado oficial, las diócesis de Ipiales y Tulcán denunciaron el deterioro del tejido social y la fragilidad económica que hoy mantiene en vilo a miles de familias trabajadoras que dependen del intercambio binacional.

Los obispos José Saúl Grisales, de Ipiales, y Carlos Washington Yépez, de Tulcán, señalaron que la región se encuentra atrapada entre el avance de economías ilícitas y las tensiones diplomáticas de alto nivel. El narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando no solo han aumentado la inseguridad, sino que están provocando un desastre ambiental irreversible en los ríos y ecosistemas fronterizos, afectando el derecho fundamental de las comunidades campesinas e indígenas a un entorno sano.

Sin embargo, la preocupación inmediata radica en la parálisis del Puente Internacional de Rumichaca. La denominada “guerra de aranceles” y las recientes trabas comerciales han reducido drásticamente el flujo de carga, lo que se traduce en mesas vacías para los transportistas, pequeños comerciantes y agricultores. Para la Iglesia, no se trata solo de cifras macroeconómicas, sino de la pérdida del sustento digno de la clase trabajadora que dinamiza la economía popular de la frontera.

El mensaje, leído por Monseñor Grisales, fue enfático en reclamar una presencia del Estado que trascienda lo policial. Los jerarcas abogan por un enfoque garantista donde la cooperación binacional se centre en el bien común y en la creación de alternativas económicas sostenibles que alejen a la juventud de la ilegalidad. La institucionalidad religiosa recordó que, mientras los gobiernos dilatan las negociaciones, es la población civil la que padece la incertidumbre y la carestía.

Este pronunciamiento ya ha sido entregado a los comités que se encuentran en Bogotá adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional. El objetivo es claro: forzar una mesa de diálogo que reconozca la particularidad de esta zona de integración y que brinde salidas humanas y soberanas a un conflicto que, de no atenderse con urgencia, amenaza con profundizar la exclusión social en el sur del país.