Hundimiento de barco frente a Venezuela: tensiones regionales, derechos humanos y narrativa de guerra
El reciente hundimiento de un barco frente a las costas de Venezuela ha vuelto a poner en el centro del debate la política de seguridad regional de Estados Unidos y sus implicaciones en América Latina.
Aunque el gobierno de Donald Trump anunció el hecho como un “ataque letal” contra una embarcación supuestamente cargada con drogas, las dudas sobre la legalidad del operativo y su carácter político no han tardado en surgir.
El anuncio del ataque desde la Oficina Oval, con la afirmación de que murieron 11 “terroristas”, genera inquietud por el lenguaje belicista que se emplea para describir una operación que, según los protocolos internacionales, debería estar enmarcada en una lógica de justicia y respeto al derecho internacional, no de guerra. La administración Trump, en su búsqueda de proyectar fuerza, aviva una narrativa intervencionista que amenaza la soberanía de los pueblos del Caribe y, en particular, la ya golpeada Venezuela.
Expertos y periodistas como Ignacio Montes de Oca señalan que este tipo de operativos no son nuevos en la región. La colaboración entre la Guardia Costera de EE. UU. y otras armadas, como la de Países Bajos, ha resultado en numerosos decomisos y hundimientos de embarcaciones en alta mar. En junio de 2024, por ejemplo, se hundió un barco con más de dos toneladas de cocaína a 38 kilómetros de la costa venezolana. Esto demuestra que el actual operativo no representa una escalada inédita, sino la continuación de una política antidrogas que ha sido ampliamente cuestionada por su falta de enfoque en los derechos humanos.
Lo que sí cambia es el uso político del hecho. Al presentarlo como un éxito militar desde la Casa Blanca, Trump refuerza la idea de que Venezuela es una amenaza que justifica una respuesta armada. Esta narrativa no solo es peligrosa, sino que carece de base jurídica sólida. Como explica Rafael Piñeros, experto en relaciones internacionales, la legalidad del hundimiento depende de si ocurrió en aguas internacionales o territoriales. En ambos casos, se requiere una justificación clara, ya sea de legítima defensa o de cumplimiento del derecho marítimo internacional.
El uso de fuerza letal sin pruebas concluyentes o sin seguir un debido proceso constituye una violación a los derechos humanos. Como advierte Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el ser sospechoso de tráfico de drogas no equivale a una sentencia de muerte. Casos como el del derribo de una avioneta en 2001 en Perú, que terminó con la muerte de civiles inocentes, deben recordarnos los riesgos de actuar fuera del marco legal.
Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, también fue enfático: “El narcotráfico es un crimen, no un acto de guerra. Los traficantes deben ser arrestados, no ejecutados sumariamente”. Esta posición subraya la necesidad urgente de repensar la lucha contra el narcotráfico desde una óptica de justicia social y derechos humanos, y no bajo una lógica militarista que perpetúa la violencia y la impunidad.
Frente a esta situación, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de alzar la voz. Algunos, como México, Brasil y Colombia, ya han manifestado su preocupación por la escalada militarista. Otros, como Argentina y Ecuador, han apoyado la operación sin considerar sus implicaciones legales y éticas. Es imperativo que la región defienda una política exterior basada en la paz, el multilateralismo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
El Caribe y América Latina no necesitan más intervenciones unilaterales. Necesitan cooperación internacional, respeto por los derechos humanos y políticas que ataquen las causas estructurales del narcotráfico, no sus síntomas. La lucha contra el crimen organizado debe guiarse por la justicia, no por intereses geopolíticos o agendas electorales extranjeras.
