Presidente Petro condiciona suspensión de extradición de cabecilla de disidencias de las Farc 

El presidente defendió su decisión de frenar la entrega de alias ‘Mocho Olmedo’ a EE. UU., siempre que cumpla con aportes verificables al proceso de paz total.

El presidente Gustavo Petro explicó públicamente los motivos detrás de la suspensión de la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, uno de los principales cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc. Según el mandatario, la continuidad de esta medida está sujeta a avances reales en el proceso de paz y, particularmente, en la sustitución de cultivos ilícitos.

“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, expresó Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

El jefe de Estado sustentó su decisión en la Ley 2272 de 2022, que faculta al Gobierno a suspender extradiciones en el marco de negociaciones de paz. En este caso, alias Mocho Olmedo ha sido reconocido como gestor de paz mediante la Resolución 0032 del 7 de febrero de 2025 y participa como negociador en la Mesa de Diálogos con el Gobierno nacional.

La resolución presidencial señala expresamente que la entrega del ciudadano colombiano queda suspendida “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total”. Asimismo, advierte que la extradición se reactivará si cesa su participación o se interrumpen sus aportes al proceso.

Alias Mocho Olmedo es considerado uno de los hombres más cercanos a Andrey, otro de los líderes visibles de las disidencias. Las autoridades lo relacionan con diversas actividades delictivas en el nororiente del país, lo que ha generado controversia sobre su inclusión en la política de paz total.

El caso ha reabierto el debate nacional sobre los límites de la justicia transicional y el equilibrio entre la búsqueda de la paz y el cumplimiento de compromisos internacionales, como la extradición de personas vinculadas al narcotráfico.