Graves amenazas a líderes sociales en Policarpa, Nariño generan alerta humanitaria

Organizaciones de derechos humanos exigen acción inmediata del Estado colombiano ante intimidaciones de grupos armados ilegales.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica emitieron una denuncia pública urgente tras una serie de amenazas, intimidaciones y señalamientos dirigidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el municipio de Policarpa, Nariño.

Según el documento difundido el 28 de julio de 2025, varios integrantes de la Corporación Campesina y de Juntas de Acción Comunal (COCJUNTAS), articulados en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), recibieron entre el 14 y el 16 de julio amenazas sistemáticas a través de mensajes enviados por WhatsApp desde el número 3225299154.

Los comunicados, firmados de manera anónima, exigían el desalojo en 48 horas de líderes comunales y miembros de guardias campesinas de varias veredas, bajo pena de ser considerados “objetivo militar”. El mensaje final, fechado el 16 de julio, advierte explícitamente sobre acciones violentas contra quienes permanezcan en el territorio, incluyendo a sus familias y animales domésticos.

Ante esta situación, las organizaciones responsabilizan al Estado colombiano —incluido el presidente Gustavo Petro, autoridades departamentales, militares y de policía— por no garantizar la seguridad de los líderes en zonas donde hay operaciones conjuntas de la fuerza pública. Exigen el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y una investigación inmediata para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Asimismo, instan a organismos como la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a intervenir y monitorear la situación crítica de derechos humanos que atraviesa el suroccidente del país.

La denuncia ha sido enviada a múltiples autoridades nacionales e internacionales, mientras persiste el temor fundado entre las comunidades afectadas por posibles hechos de violencia.