Grave hallazgo fiscal por $18.855 millones en planta de tratamiento de agua en Ipiales

La Contraloría General de la República emitió una contundente alerta tras detectar un hallazgo fiscal por $18.855 millones en el proyecto de construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y mejoramiento del sistema de acueducto de Empoobando ESP, en el municipio de Ipiales.

La obra, financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), presenta graves deficiencias técnicas, administrativas y ambientales que ponen en riesgo la salud de la población.

La advertencia fue hecha tras una auditoría de cumplimiento realizada en el primer semestre de 2025 por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia de Regalías de la Contraloría, que evaluó el uso de los más de $24.000 millones invertidos en la ejecución del proyecto. El informe señala que la obra, aprobada en 2019 y reformulada en 2020, fue estructurada con diseños incompletos, sin una planificación adecuada y con múltiples reformulaciones sin sustento técnico.

Entre los hallazgos más relevantes destacan:

La ausencia de una caracterización actualizada del agua cruda, requisito indispensable para diseñar un sistema de tratamiento eficaz.

La no intervención de la PTAP existente, que debía ser optimizada dentro del contrato.

Deficiencias en el componente ambiental del proyecto.

Cambios técnicos reiterados sin justificación y retrasos significativos en su ejecución.

Riesgo sanitario latente

Uno de los puntos más sensibles del informe es la advertencia de que la fuente hídrica presenta altos riesgos de contaminación y que la planta no garantiza actualmente el suministro de agua apta para el consumo humano, lo que compromete la salud pública de los habitantes de Ipiales. Según el organismo de control, persisten riesgos sanitarios graves por el uso de una fuente no tratada adecuadamente.

Posibles sanciones y exigencia de correctivos

La Contraloría señaló que este hallazgo fiscal abre la puerta a procesos de responsabilidad para quienes gestionaron y ejecutaron el proyecto. Además, instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas urgentes para garantizar la culminación efectiva de la obra y la protección del derecho al agua segura.

En declaraciones previas al informe, el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, reconoció las dificultades para la ejecución del proyecto, pero aseguró que su administración trabaja para lograr su finalización.

Este caso se suma a una serie de alertas sobre el uso ineficiente de recursos públicos en proyectos financiados por regalías, especialmente en regiones donde el acceso a servicios básicos como el agua potable continúa siendo una necesidad prioritaria.