El Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas y acciones especiales de policía en zonas rurales de Nariño y Putumayo, como parte del proceso de desarme acordado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Walter Mendoza.

La medida, formalizada en el Decreto 1052 del 7 de octubre, regirá desde la medianoche de este jueves 9 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025. Según el documento, se trata de una suspensión “escalonada y microfocalizada” dirigida exclusivamente a facilitar la verificación y posterior destrucción del armamento entregado por ese grupo armado, tal como fue pactado en el Acuerdo N.º 12 del 19 de julio de 2025.

Tres zonas de intervención bajo reserva

El operativo se llevará a cabo en tres puntos estratégicos de intervención, cuya ubicación exacta se mantiene en reserva por razones de seguridad. En estos sitios participarán equipos técnicos del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), encargados de supervisar el traslado, identificación, verificación e inactivación del material bélico.

No es un cese al fuego general

El gobierno aclaró que esta medida no equivale a un cese al fuego general ni implica la suspensión de operaciones contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión. La suspensión operará solo dentro de las zonas delimitadas y durante el período establecido.

Por su parte, la CNEB se comprometió a no interferir ni realizar acciones ofensivas durante las labores de destrucción del armamento, y a permitir el ingreso seguro de las misiones técnicas y militares que participarán en el proceso.

14 toneladas de armas serán destruidas

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con la CNEB, detalló que se estima la destrucción de 14 toneladas de armamento, de las cuales 10 se encuentran en Nariño y 4 en Putumayo. Explicó que el operativo incluye varias etapas: traslado del material por miembros del grupo armado, elaboración de inventarios, verificación oficial y destrucción final a cargo de unidades especializadas de las Fuerzas Militares.

“Solo las Fuerzas Militares están autorizadas para destruir este tipo de material, por lo que el proceso requiere altos estándares técnicos y medidas de seguridad para evitar riesgos a la población y al medio ambiente”, señaló Novoa.

Esta operación es considerada por el Gobierno como un paso verificable dentro de la estrategia de desescalamiento del conflicto armado y un avance en la política de “paz total” en el sur del país.

Redacción

Dayanna Pabon