En una decisión que apunta a reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzará a pagar desde octubre el “pilar solidario” contemplado en la reforma pensional, aunque esta aún se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional.

El anuncio, que se espera sea oficializado este viernes por el mandatario en Bucaramanga, representa un paso significativo hacia una Colombia más equitativa. Según informó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), más de 3 millones de personas mayores de 70 años pasarán de recibir $80.000 a $230.000 mensuales. Este incremento constituye una mejora sustancial para quienes han sido históricamente excluidos del sistema de pensiones y viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad extrema.

Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS, explicó que este pago transitorio es una anticipación del componente solidario de la nueva ley pensional. La medida busca garantizar un ingreso básico digno a quienes no cuentan con pensión, en coherencia con los principios de justicia social y redistribución de la riqueza que impulsa el actual gobierno.

Aunque el origen de los recursos aún no ha sido detallado públicamente, el compromiso político y ético del Gobierno es claro: la dignidad de las personas mayores no puede esperar trámites legislativos eternos ni ser víctima de bloqueos institucionales. Esta decisión, que costará aproximadamente 1 billón 350 mil millones de pesos solo en lo que resta del año, responde a una urgencia social impostergable.

A pesar de las críticas que apuntan al “origen incierto” de los fondos, lo cierto es que este tipo de inversión social es necesaria y justificada. Colombia arrastra una deuda histórica con su población mayor, y este giro progresivo en la política pensional rompe con décadas de abandono estatal.

La medida se extenderá hasta 2026 como parte del proceso de transición hacia el nuevo sistema, y marca un hito en la lucha por una vejez digna. Se trata, sin duda, de una decisión valiente que prioriza el bienestar de los más necesitados por encima de la ortodoxia fiscal.

Frente a las voces conservadoras que privilegian los equilibrios macroeconómicos antes que los derechos humanos, este gesto reafirma que el Estado colombiano tiene el deber de cuidar a quienes lo han sostenido durante toda su vida. El pilar solidario no es un gasto, es una inversión en humanidad.

Redacción

Victoria Ricaurte