La medida busca combatir desvío hacia actividades ilícitas, aplica en 423 municipios y busca reforzar controles frente al narcotráfico y la minería ilegal.

El Ministerio de Minas y Energía anunció una restricción temporal para la adquisición de combustibles en diez departamentos del país, como parte de una estrategia interinstitucional para evitar el desvío de hidrocarburos hacia actividades ilegales, especialmente el narcotráfico. La medida fue adoptada mediante circular conjunta firmada por los ministerios de Defensa, Justicia y Minas.

La restricción, vigente entre el 3 y el 10 de julio, aplica a 855 agentes de la cadena de distribución de combustibles –incluidos transportadores, almacenadores y comercializadores– en 423 municipios de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, regiones que registran altos niveles de cultivos ilícitos y minería ilegal.

Según la normativa, los agentes involucrados deberán presentar ante la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, un requisito obligatorio para continuar con sus operaciones. El documento, expedido anualmente, acredita la inexistencia de vínculos con delitos relacionados con el narcotráfico a nivel nacional e internacional.

La medida se adoptó tras la publicación de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que señala a Colombia como el país con la mayor cantidad de hectáreas sembradas con hoja de coca en el mundo, representando más del 67 % del total global.

El ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que el abastecimiento de combustibles en las zonas afectadas está garantizado y exhortó a las estaciones de servicio a cumplir con los requisitos establecidos. “Es una medida temporal pero necesaria para cerrar el paso al uso ilegal de hidrocarburos en actividades ilícitas que afectan gravemente a las comunidades”, declaró.

La estrategia del Gobierno, que incluye coordinación entre varias entidades, busca reforzar los mecanismos de control sobre el uso de combustibles y prevenir su utilización en la producción de droga y minería ilegal. El Ministerio de Justicia advirtió que los agentes que no actualicen su certificado a tiempo podrían ser sancionados e incluso inhabilitados para operar.