La solicitud para crear un partido único con las colectividades de la coalición generó tensiones jurídicas en el tribunal electoral. El resultado del trámite podría definir el rumbo electoral de la izquierda en 2026.

Hace dos semanas llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud de las colectividades del Pacto Histórico para convertirse en un partido único. La petición, presentada el 13 de junio por Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y el Partido Comunista, generó de inmediato una fuerte polémica en el interior del tribunal electoral sobre la manera en que se tramitaría el caso.

El interés del Pacto Histórico en formalizar su unión responde a una necesidad electoral. En las elecciones de 2022, la coalición obtuvo más del 15 % de los votos, lo que por ley les impide volver a participar como alianza en los próximos comicios legislativos de 2026. En consecuencia, las colectividades tendrían que competir por separado, lo que podría fragmentar la base electoral y reducir la representación en el Congreso.

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro dio desde enero la orden de conformar un partido único. La mayoría de las agrupaciones de izquierda respondieron a ese llamado, pero reconocen que se demoraron en presentar la solicitud y ahora buscan que el trámite sea expedito. El objetivo es tener la personería jurídica definida antes de agosto, de modo que puedan realizar consultas internas en la ventana electoral de octubre.

No obstante, la solicitud llegó al CNE acompañada de tensiones jurídicas. El presidente del tribunal, Álvaro Hernán Prada, argumentó que, debido a la relevancia jurídica del asunto, no debía hacerse el reparto ordinario del caso. En su lugar, propuso una discusión especial en la Sala Plena y la conformación de una comisión de magistrados que analizara el tema de forma conjunta.

Esta posición encendió las alarmas en los sectores afines al Gobierno dentro del CNE, quienes la interpretaron como un intento de frenar la fusión. Alegaron que, aunque la selección de la comisión se haría al azar, era probable que quedara integrada por una mayoría opositora o independiente al Ejecutivo, lo cual pondría en riesgo la aprobación de la solicitud. Además, señalaron que la propuesta de Prada no está contemplada en el reglamento del CNE.

El trasfondo jurídico también presenta obstáculos. Según el artículo 14 de la Ley 1575 de 2011, no puede haber fusión voluntaria de partidos si alguno de ellos enfrenta procesos sancionatorios. Varios de los partidos que integran el Pacto Histórico tienen investigaciones abiertas en el CNE. Sin embargo, los solicitantes han señalado precedentes en los que sí se permitieron fusiones en contextos similares, como el caso del Polo Democrático y Dignidad y Compromiso.

A la par, el tribunal también enfrenta el caso de escisión del partido Mais, donde tres congresistas –María José Pizarro, Heráclito Landinez y David Racero– solicitaron separarse del sector que encabeza Martha Peralta Epieyú, quien mantiene el control de la personería jurídica. Desde otros sectores del CNE se propuso acumular este caso al de la fusión, lo que aumentó aún más las tensiones.

Tras una intensa discusión, se resolvió mantener el procedimiento habitual y realizar el sorteo de reparto. El encargo recayó en el magistrado Altus Baquero, nominado por el Partido Liberal, quien deberá presentar una ponencia que apruebe o niegue la solicitud de fusión. La decisión final quedará en manos de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

El resultado del proceso será decisivo para las aspiraciones del Pacto Histórico en 2026. Una negativa podría dispersar su fuerza electoral; una aprobación consolidaría a la izquierda en una sola colectividad con capacidad de replicar su éxito electoral de 2022.