El avance de la extracción ilícita de oro amenaza con desplazar al narcotráfico como principal motor de violencia. Autoridades advierten que el 85% de la producción nacional es ilegal, financiando estructuras armadas y devastando ecosistemas estratégicos.

Según cifras reveladas por la Fuerza Pública en un foro conjunto de la Federación Nacional de Departamentos y el diario El Tiempo, este negocio criminal genera anualmente cerca de 8.400 millones de dólares. Esta suma, que supera los 33 billones de pesos, equivale a cuatro veces el presupuesto destinado por el Gobierno Nacional para atender la última emergencia económica derivada del desastre invernal.

La rentabilidad de este metal ha transformado las dinámicas del conflicto. Mientras un kilo de cocaína se negocia en mercados mayoristas por aproximadamente cinco millones de pesos, un kilo de oro alcanza los 600 millones de pesos en el mercado negro. A diferencia del narcotráfico, cuya cadena suele ser clandestina, la minería criminal opera a menudo a la vista de las comunidades, utilizando maquinaria pesada y dragas de gran escala que contaminan ríos con mercurio y destruyen miles de hectáreas de bosque.

Durante el encuentro, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares, alertó que el 85 por ciento del oro producido en el país proviene de fuentes ilegales. El oficial denunció que, pese a los operativos que permitieron la incautación de 90 vehículos de maquinaria amarilla solo en enero de 2026, la construcción de grandes embarcaciones de extracción —conocidas como “dragones”— continúa en aumento en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, donde una sola de estas máquinas puede extraer hasta 4.000 gramos de oro por jornada.

Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño, señaló que departamentos como Chocó, Cauca y su propia región dejan de percibir cerca de 1,4 billones de pesos en regalías debido a la falta de una institucionalidad fuerte que controle la comercialización. El mandatario advirtió sobre la existencia de una “parainstitucionalidad” que permite legalizar el oro extraído ilícitamente, transformándolo en papel como si fuera producción formal.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, explicó que en municipios como Ataco las estructuras criminales no solo se lucran del metal, sino que imponen gravámenes ilegales a quienes ingresan maquinaria al territorio, cobrando rentas que oscilan entre los 5 y 8 millones de pesos por equipo. Matiz enfatizó que estos grupos suelen generar una percepción de bonanza momentánea para ganar apoyo social, ocultando el trasfondo de control territorial y violencia que subyace a la actividad.

El desafío para el Estado no es exclusivamente militar. Didier Tavera, director de Fedepartamentos, e integrantes de la Defensoría del Pueblo coincidieron en que se requiere una intervención integral de todas las ramas del poder. Actualmente, muchos de los responsables son procesados bajo delitos menores como “daño ambiental”, lo que facilita su retorno a la actividad. La falta de presencia estatal no solo afecta la seguridad, sino que conlleva crisis humanitarias asociadas al reclutamiento forzado y la degradación de la biodiversidad, dejando a las comunidades vulnerables frente a un poder criminal que hoy compite con las arcas del Estado.