El asesinato de un delegado de paz en Tumaco pone en “estado crítico” los diálogos de paz

La muerte de Alexander Rondón, miembro acreditado de la mesa de negociación, enciende las alarmas sobre las garantías de seguridad en los territorios. Mientras la organización denuncia un ataque del Ejército, el Ministerio de Defensa lo niega, dejando a la comunidad civil en medio de la incertidumbre.

La apuesta por la salida negociada al conflicto en el Pacífico nariñense enfrenta su hora más difícil. La Delegación de Paz de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano denunció este lunes el asesinato de Alexander Rondón, conocido como “Machaco”, en hechos ocurridos la noche del 15 de marzo en el resguardo indígena de Inda Sabaleta, zona rural de Tumaco. Rondón era un actor político reconocido por el Estado, con una resolución vigente de la mesa de paz desde julio de 2025, lo que convierte este episodio en una vulneración directa a los protocolos de confianza del proceso.

Según el comunicado de la organización, el delegado fue asaltado por un comando de fuerzas especiales a las 9:20 p. m. mientras se encontraba en estado de indefensión. La denuncia enfatiza que este tipo de acciones no solo arrebatan una vida, sino que “derrumban las vías de paz” que las comunidades de Tumaco han intentado construir para convertir a su municipio en un territorio seguro. Para los habitantes de la zona, que históricamente han sufrido el abandono estatal, la muerte de un negociador representa un retroceso en la esperanza de que la palabra logre finalmente sustituir a los fusiles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento oficial negando cualquier operación de la Fuerza Pública en la zona durante la fecha señalada. La cartera de Defensa sostiene que su compromiso con la paz es una política de Estado y sugiere que el fallecimiento de Rondón podría ser el resultado de confrontaciones entre estructuras ilegales que se disputan el control territorial. Esta contradicción en las versiones oficiales y de la insurgencia deja en el aire una pregunta fundamental sobre quién garantiza la vida de quienes deciden sentarse a dialogar.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el proceso de paz ha sido declarado en “estado crítico”. La delegación insurgente ha solicitado al presidente Gustavo Petro y a los países garantes una investigación exhaustiva que aclare la procedencia de la orden de ataque, cuestionando si aún persisten doctrinas militares de confrontación que chocan con la voluntad de paz del Gobierno Nacional. En el fondo, lo que está en juego no es solo la continuidad de una mesa de diálogo, sino la seguridad de las comunidades rurales que quedan expuestas cuando los mecanismos de protección a los negociadores fallan.