Después de más de dos meses de audiencias, la justicia colombiana decidirá si el expresidente es culpable o inocente de los cargos que enfrenta.

El juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó ayer a su fase final, luego de 67 días de audiencias. La jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, fijó para el 28 de julio a las 8:30 a. m. la fecha en la que anunciará si el exmandatario es condenado o absuelto por los delitos de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.

El proceso, sin precedentes por involucrar a un expresidente, ha captado la atención nacional desde su inicio. Durante la última audiencia, Uribe reiteró su inocencia, negó haber autorizado pagos a testigos y defendió que las acciones de su abogado, Diego Cadena, respondieron a una búsqueda legítima de información ante acusaciones en su contra.

Las posturas enfrentadas

Mientras la Fiscalía pidió una sentencia condenatoria, asegurando que existen pruebas suficientes de que Uribe estuvo detrás de intentos por alterar declaraciones judiciales, la Procuraduría solicitó su absolución, argumentando que no hay evidencia directa que lo vincule con esos hechos.

El caso se centra en las gestiones del abogado Cadena con exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes habrían recibido dinero o beneficios supuestamente para favorecer a Uribe en procesos judiciales. El expresidente insistió en que no conocía detalles de esos pagos y que no se trató de sobornos, sino de ayudas de carácter humanitario.

Un fallo con impacto político y judicial

Durante su intervención final, Uribe lamentó los efectos personales y políticos del proceso, calificándolo como una experiencia “mortificante” y reiterando que ha dañado su reputación pública.

En su defensa también señaló presuntas irregularidades en el accionar del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, acusándolo de ofrecer beneficios a internos a través de terceros. Cepeda ha rechazado en varias ocasiones estas afirmaciones.

El fallo del próximo 28 de julio definirá el rumbo de uno de los juicios más relevantes en la historia judicial reciente de Colombia. Sea cual sea la decisión de la jueza, el proceso marcará un hito tanto para el expresidente como para la institucionalidad del país.