La decisión del gobierno de Donald Trump de catalogar al grupo armado como organización terrorista genera incertidumbre jurídica sobre los diálogos de paz, mientras las comunidades rurales esperan que el proceso logre frenar el conflicto en sus territorios.

La política de Paz Total del Gobierno Nacional enfrenta un nuevo y complejo desafío diplomático. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció la designación del grupo armado conocido como el Clan del Golfo —o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como ellos mismos se denominan— como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Esta medida, comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, altera el tablero de las negociaciones que buscan desmantelar a la estructura armada con mayor presencia en las zonas rurales del país.

Para las comunidades de los 23 departamentos donde este grupo ejerce control, lo que está en juego es la posibilidad de silenciar los fusiles y recuperar la seguridad en sus territorios. El anuncio de Rubio llega justo cuando las partes avanzaban en diálogos en Doha, Catar, con la intención de transitar hacia la legalidad, un proceso que ahora se ve amenazado por el riesgo de extradiciones y órdenes de captura internacionales que la justicia colombiana no puede suspender fuera de sus fronteras.

Desde la delegación del Gobierno colombiano, el jefe negociador Álvaro Jiménez recordó que el país tiene una larga historia de diálogos con grupos que han figurado en listas internacionales de terrorismo, como ocurrió en procesos anteriores con las FARC o el ELN, y que ello no impidió alcanzar acuerdos que beneficiaron a la población civil. El objetivo central sigue siendo sacar de la guerra a miles de hombres para aliviar la presión violenta sobre la clase trabajadora, los campesinos y las comunidades étnicas que sufren el día a día del conflicto.

A pesar de la presión de Washington, el proceso registra avances que no se pueden ignorar. Recientemente se acordó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba), Unguía y Belén de Bajirá (Chocó). Estos espacios, previstos para iniciar en marzo de 2026, buscan concentrar a los integrantes del grupo para iniciar su tránsito a la vida civil.

Redacción

Camila Lopez