Ecuador completa un mes de movilizaciones sociales tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. La medida, adoptada el pasado 13 de septiembre, sigue generando tensiones políticas y sociales en todo el país, mientras nuevas protestas fueron convocadas para este miércoles 15 de octubre

El decreto gubernamental incrementó el precio del galón de diésel de USD 1,80 a USD 2,80, lo que provocó rechazo en sectores indígenas, transportadores, campesinos y sindicales, que advierten un impacto directo sobre el costo del transporte, la producción agrícola y los precios de productos básicos. El Gobierno, por su parte, justifica la decisión asegurando que permitirá un ahorro fiscal superior a USD 1.100 millones al año y ayudará a frenar el contrabando de combustible.

Este lunes 13 de octubre se cumplieron 22 días continuos de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con bloqueos viales en la Sierra norte y marchas en ciudades como Quito e Ibarra. De acuerdo con organizaciones sociales, las manifestaciones dejan hasta el momento una persona fallecida, más de 100 heridos y cerca de 100 detenidos.

A las movilizaciones se han sumado también el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), que anunciaron una nueva jornada de protesta para este miércoles 15. Los sindicatos presentarán demandas de inconstitucionalidad contra decretos del Ejecutivo, entre ellos la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Así mismo, anunciaron un congreso nacional el sábado 18 en Guayaquil para definir el rumbo del paro.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene un despliegue militar y policial en varias provincias para despejar carreteras y asegurar el transporte de alimentos. Un convoy con insumos básicos enviado desde Quito hacia Imbabura fue interceptado el domingo, lo que derivó en enfrentamientos en el sector de La Esperanza.

Tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana como la Conaie denunciaron el intento de ingreso de la fuerza pública a sus sedes en Quito durante las movilizaciones del 12 de octubre, señalándolo como un acto de intimidación y violación a los espacios culturales y comunitarios.

Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que actúa dentro del marco legal para preservar el orden público. La vocera presidencial Carolina Jaramillo afirmó que “Quito está en paz y así se va a mantener”, al tiempo que reiteró la disposición del Ejecutivo a continuar con mesas de diálogo, pero sin reversar la eliminación del subsidio.

El país atraviesa una creciente tensión social en medio de presiones económicas y reclamos por medidas compensatorias. El desafío del Gobierno será conciliar el ajuste fiscal con la estabilidad social, a medida que continúa la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto.

Redacción

Dayanna Pabon