Detención de exministros Bonilla y Velasco

Pese a que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria, la magistrada impuso medida intramural argumentando riesgos de reiteración delictiva en el escándalo de la UNGRD. La defensa apeló la decisión.

En una decisión judicial que marca un precedente en la historia política reciente del país, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la noche del jueves el traslado a prisión de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior). Ambos exfuncionarios son señalados de participar en un presunto entramado de corrupción que habría comprometido recursos públicos vitales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Invías.

El procedimiento se hizo efectivo de inmediato tras la audiencia. Ricardo Bonilla, quien asistió a la diligencia en los tribunales del occidente de Bogotá como muestra de su comparecencia ante la justicia, fue detenido por miembros del CTI y la Policía Judicial para ser trasladado al búnker de la Fiscalía. Por su parte, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente a las autoridades en Cali cerca de las 11:00 p.m., tras conectarse virtualmente desde su residencia y reiterar su inocencia frente a los cargos imputados.

El debate jurídico

En un hecho inusual, la magistrada Aura Alexandra Rosero decidió ir más allá de lo solicitado por el ente acusador. Mientras que la Fiscalía General de la Nación había pedido detención domiciliaria —una medida restrictiva pero menos lesiva para la libertad—, la togada optó por la reclusión en centro carcelario.

La Procuraduría General de la Nación intervino solicitando reconsiderar la medida, especialmente en el caso del exministro Bonilla, un adulto mayor, apelando a principios humanitarios. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la medida era necesaria no por riesgo de fuga, sino para evitar una presunta “rearticulación” de las prácticas de direccionamiento contractual. Según la magistrada, existe el riesgo de que el esquema de corrupción, que afecta el patrimonio de todos los colombianos, se perpetúe mediante interferencias relacionales.

El trasfondo

Más allá de las capturas, el caso pone el dedo en la llaga sobre una práctica estructural que ha desangrado al Estado históricamente: el uso de contratos públicos como moneda de cambio. La tesis de la Fiscalía apunta a que se habrían direccionado recursos destinados a la atención de desastres y la infraestructura vial para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas sociales del Gobierno.

Esta instrumentalización de las necesidades ciudadanas —donde el presupuesto para emergencias termina supuestamente convertido en cuotas burocráticas— es el núcleo del reproche social. No obstante, la defensa de los exministros insiste en que las pruebas no son concluyentes y que se está criminalizando la gestión política legítima.

Lo que viene

La defensa de ambos exfuncionarios apeló inmediatamente la decisión, buscando que una segunda instancia revise si la medida de aseguramiento en cárcel es proporcional y respeta la presunción de inocencia. Sin embargo, debido al inicio de la vacancia judicial este viernes 19 de diciembre, la decisión final sobre la libertad de Bonilla y Velasco quedará en suspenso hasta enero, cuando los tribunales retomen actividades ordinarias.