A 15 meses de volver a barajar, el proyecto progresista en el gobierno necesita con urgencia desanclarse de las viejas lógicas de puestos y contratos negociados con políticos.

Si quiere intentar su promesa de cambio, no tiene otra salida que hacer realidad el tan invocado poder popular. De lo contrario, las buenas intenciones quedarán convertidas en simples discursos o, peor aún, en engaños disfrazados de pragmatismo.

Hay una diferencia fundamental entre asumir la representación política que otorga el triunfo electoral con caer en el chantaje de sectores opositores que trafican con sus votos en secreto, vendiéndolos al mejor postor a cambio de cargos y contratos. El gobierno no puede seguir atrapado en esas prácticas que, aunque normalizadas, son corrosivas para cualquier intento de transformación auténtica.

El reto es reorganizar a las fuerzas progresistas que aún creen en la justicia social, movilizarlas desde los territorios y reconstruir la conexión con las comunidades. El cambio no puede descansar en pactos de y con politiqueros, debe apoyarse en la participación del pueblo. No basta con aplaudir al líder en eventos premeditados, hay que respaldar el ejercicio del poder popular en los barrios y veredas, donde las comunidades debe hacerse sentir como presencia transformadora.

Cuando una nueva fuerza política accede al gobierno, se abre un margen para revisar y corregir prácticas dañinas en la gestión pública. A pesar de una larga lista de componendas del gobierno con congresistas al peor estilo tradicional, que no deja duda de la habilidad de los negociantes de la política y la incoherencia del gobierno progresista, aún es tiempo de impulsar una ofensiva decidida contra la corrupción y acorralar a quienes han hecho del saqueo del Estado una práctica habitual, sin importar si son de este gobierno o de los anteriores.

El momento exige firmeza, coherencia y valentía. Desanclarse es el primer paso. Rodearse de pueblo es la única salvación.


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Redacción

Carlos Sanchez