Decreto presidencial elimina millonaria prima de los congresistas

A través de un decreto presidencial, se suprimió el pago mensual de 16,9 millones de pesos por concepto de servicios especiales. La medida busca estrechar la brecha salarial en el Estado y entrará en vigencia con el nuevo periodo legislativo en julio de 2026.

En un paso decisivo para atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto que elimina la prima especial de servicios para los senadores y representantes a la Cámara. Esta bonificación, que ascendía a los 16,9 millones de pesos mensuales por cada legislador, representaba uno de los privilegios más cuestionados en un país donde la clase trabajadora lucha diariamente por la dignidad salarial.

Con esta decisión, el Presidente busca reorientar los recursos públicos hacia una senda de austeridad y justicia social.

La medida impacta directamente la estructura de ingresos del Congreso, donde actualmente un legislador percibe cerca de 52 millones de pesos mensuales. El ajuste técnico comenzará a regir el 20 de julio de 2026, momento en que se posesionará el nuevo Congreso de la República, garantizando así que la transición no interfiera con los derechos vigentes de los actuales servidores, pero asegurando un cambio estructural para el futuro de la representación política en Colombia.

Desde el Capitolio, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Lidio García, calificó la decisión como un “castigo político” y una supuesta represalia por la independencia del Legislativo frente a las reformas sociales del Gobierno. Sin embargo, para los sectores que defienden lo público, esta eliminación de privilegios es una respuesta necesaria tras 18 intentos fallidos en el Congreso por reducir sus propios salarios de forma autónoma. Mientras algunos legisladores defienden la permanencia de estos pagos apelando a sus gastos personales o deudas de campaña, el Gobierno insiste en que el servicio público debe estar guiado por la ética de la austeridad y la equidad.

El alcance del decreto trasciende las paredes del Congreso, pues los honorarios de los magistrados de las altas cortes, así como de otros altos funcionarios judiciales, se tasan con base en la remuneración de los congresistas. Esto implica una revisión profunda de las escalas salariales más altas del Estado, lo que podría generar tensiones jurídicas. Se prevé que el decreto sea demandado ante el Consejo de Estado bajo el argumento de la protección de “derechos adquiridos”, un debate en el que la justicia tendrá que sopesar los intereses individuales de los funcionarios frente al interés general y la estabilidad fiscal de la nación.