El arribo de 50.000 barriles de gasolina desde Talara (Perú) al puerto de Tumaco fue celebrado por el Gobierno como un hito en la seguridad energética de la Costa Pacífica. A ello se sumarán 20.000 barriles de diésel, lo que es una buena noticia en medio de temores de desabastecimiento que golpean al departamento. Sin embargo, detrás de esta escena hay tensiones políticas, empresariales y sociales que merecen un análisis crítico.

El Ministerio de Minas insiste en que el Plan de Abastecimiento debe cumplirse con rigor, centralizando la distribución en Tumaco a través de los mayoristas autorizados. Argumenta que así se reducen costos logísticos y se fortalece un puerto que históricamente ha sido marginado. No obstante, la realidad que viven transportadores y estaciones de servicio es distinta: pagos anticipados, dificultades en los contratos y temor a quedar atados a un esquema que limita la competencia. Por eso reclaman que se les permita abastecerse también desde Yumbo, como ocurría hasta hace poco, con mayor estabilidad en tiempos y precios.

En este pulso se enfrentan dos visiones. La del Estado, que busca un modelo de control y eficiencia sobre el papel; y la de distribuidores y consumidores, que reclaman libertad de elección y condiciones comerciales viables.

El debate sobre los combustibles en Nariño no es técnico ni logístico únicamente, es profundamente político. Está en juego la autonomía de una región históricamente periférica y la capacidad del Estado para escuchar, negociar y construir consensos. El Gobierno no puede imponer un esquema cerrado sin corregir sus fallas. Los distribuidores tampoco pueden atrincherarse en la queja sin aportar soluciones. Lo que está en juego no es el margen de unos u otros, sino la vida diaria de miles de nariñenses que dependen de un suministro constante y justo.

En este escenario, la transparencia, el diálogo y la apertura a la competencia deberían ser el combustible verdadero que mueva al departamento.

Redacción

Victoria Ricaurte