El Gobierno Nacional reporta que más de 300.000 hectáreas han pasado a manos de familias campesinas, fortaleciendo la producción nacional y dignificando la labor rural en zonas históricamente olvidadas.

En un balance integral sobre el avance de la justicia social en el campo, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, presentó los resultados de la Reforma Agraria, una política que busca transformar la estructura de la propiedad rural en Colombia. Las cifras revelan un giro hacia la democratización de la tierra, priorizando al campesinado como el motor principal de la soberanía alimentaria y el desarrollo democrático del país.

Hasta la fecha, se ha gestionado la entrega directa de 303.000 hectáreas a comunidades campesinas, sumado a las 763.000 hectáreas que ya integran el Fondo de Tierras. Este esfuerzo se complementa con la restitución de 342.000 hectáreas mediante sentencias judiciales, devolviendo el territorio a quienes fueron despojados por el conflicto armado y garantizando el debido proceso en la recuperación de los derechos territoriales.

El impacto de estas medidas ya se refleja en la economía popular y en la mesa de las y los colombianos. Durante el año 2024, el sector alcanzó un récord histórico de producción agropecuaria con 39.5 millones de toneladas de alimentos. Este incremento ha sido posible gracias a una movilización de recursos financieros sin precedentes: el crédito de fomento agropecuario alcanzó los $144 billones, de los cuales $22 billones fueron destinados específicamente a fortalecer a los pequeños productores, quienes antes enfrentaban barreras de exclusión en el sistema financiero tradicional.

Uno de los puntos más sensibles y esperanzadores de esta reforma es el avance en la sustitución de economías ilícitas. En regiones de alta complejidad social como el Putumayo, Nariño y el Catatumbo, cerca de 30.000 familias han inscrito 42.000 hectáreas para transitar hacia cultivos legales. El caso del cacao destaca como el principal estandarte de esta transición, permitiendo que el campesinado abandone la zozobra de la ilegalidad para integrarse a cadenas productivas dignas que aseguran el sustento de sus comunidades.

Redacción

Victoria Ricaurte