Diversas inquietudes han surgido entre los conductores de la ciudad de Pasto, luego de recibir notificaciones por infracciones de tránsito atribuidas a cámaras de fotodetección instaladas en la Avenida Panamericana, específicamente a la altura del Estadio La Libertad. Las sanciones, aplicadas durante una etapa que se consideraba pedagógica, han generado dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.

Varios ciudadanos manifestaron haber sido notificados de comparendos por exceso de velocidad, correspondientes a fechas entre el 9 y el 10 de julio. Según sus testimonios, estos fueron emitidos por las llamadas “cámaras salva-vidas” sin haber recibido información previa sobre la entrada en vigencia de sanciones económicas. Cabe recordar que estas cámaras son dispositivos diseñados para registrar infracciones automáticamente, como exceder los límites de velocidad, y forman parte de un sistema promovido por autoridades viales con el fin de reducir los siniestros de tránsito.

Sin embargo, la falta de información clara sobre la transición de la fase pedagógica a la fase sancionatoria ha causado confusión. Muchos usuarios aseguran no haber visto anuncios oficiales, señalización visible o comunicados que indicaran con precisión cuándo comenzarían a aplicarse las multas. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 1712 de 2014, así como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su artículo 3 numeral 9 establece el deber de informar a los ciudadanos sobre decisiones administrativas que los afecten.

Adicionalmente, se han reportado casos en los que las multas han sido impuestas por circular a velocidades como 42 km/h en una zona señalada como escolar, a pesar de que la institución educativa más cercana estaría ubicada a una distancia considerable. Esta situación ha reavivado el debate sobre la adecuación de los límites de velocidad establecidos, así como sobre la ubicación estratégica de las cámaras.

Algunos sectores ciudadanos han expresado preocupación por lo que consideran una posible falta de proporcionalidad en la aplicación de estas medidas. El área afectada corresponde a un importante corredor vial de la ciudad, y la disminución drástica del límite de velocidad ha generado congestión y dificultades en la movilidad diaria, afectando tanto a residentes como a quienes transitan por esta vía por motivos laborales o comerciales.

El caso también ha motivado cuestionamientos sobre la finalidad última de las cámaras: si bien fueron concebidas como herramientas para prevenir accidentes y promover una conducción segura, las circunstancias actuales han suscitado interrogantes en torno a su uso operativo y al destino de los recursos recaudados por concepto de infracciones.

Las autoridades competentes no se han pronunciado oficialmente sobre la entrada en funcionamiento de las sanciones ni sobre las quejas presentadas hasta el momento. En este contexto, la ciudadanía permanece atenta a nuevas comunicaciones que permitan esclarecer el procedimiento seguido, así como los mecanismos disponibles para ejercer el derecho a la defensa y solicitar revisión de las sanciones impuestas.

Redacción

Nicolé Santamaria