Categoría: Unidad Investigativa

Que preguntó el sicario a la mujer antes de disparar La mujer que habló brevemente con el joven atacante fue interrogada y descartada como sospechosa. La Fiscalía continúa tras los autores intelectuales del atentado. Un breve conversación sostuvo el joven de 14 años —capturado tras dispararle al político— con una mujer presente en el evento, minutos antes del ataque.En videos que circularon ampliamente, se observa al menor acercarse a una mujer de entre 50 y 60 años. Esa escena levantó sospechas en redes sociales, pero la Fiscalía General de la Nación descartó cualquier vínculo de ella con el crimen. “La persona acudió voluntariamente a la URI de Usaquén con su abogado. Su testimonio fue contrastado con las pruebas disponibles y se concluyó que no tuvo participación alguna”, explicó la fiscal general, Luz Adriana Camargo. La mujer fue identificada como Sandra Beatriz Castillo, comerciante del sector y propietaria de una miscelánea cercana al lugar de los hechos. Castillo afirmó que su diálogo con el menor fue completamente circunstancial y breve. Según fuentes del caso, el joven le preguntó: “¿Quién es ese?”, señalando al senador Uribe. Minutos después, sacó el arma y disparó. La Fiscalía incluyó a Castillo entre las 23 personas interrogadas hasta ahora, en un proceso que involucra a investigadores de la Dijín, el CTI y otras agencias. Mientras tanto, se mantiene bajo reserva el testimonio del atacante, quien fue aprehendido herido en una pierna mientras intentaba huir a pie. La audiencia de imputación de cargos continúa esta semana.

Investigación contra director de la Unidad de Protección Augusto Rodríguez es señalado por presuntas omisiones en el esquema de protección del senador y precandidato presidencial. La denuncia también fue presentada ante la Fiscalía por la familia de la víctima. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en las medidas de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en Bogotá. Según informó el ente de control, dirigido por Gregorio Eljach, la decisión responde a denuncias que advertían desde 2023 la necesidad de fortalecer los esquemas de protección para miembros del Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe. La apertura de la investigación busca determinar qué acciones adoptó la UNP frente a esas alertas y cuál fue el nivel de respuesta ante las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba el senador, quien hoy permanece hospitalizado en la Clínica Santa Fe, recuperándose de múltiples impactos de bala. De manera paralela, la familia de Miguel Uribe interpuso una denuncia penal contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó el abogado Víctor Mosquera, quien representa a los allegados del político. “En 2023, la UNP declaró que Uribe debía tener un esquema de seguridad extremo. Sin embargo, en 2024 no se consideró que desde octubre ya era candidato presidencial, lo cual obligaba a reforzar su protección. Desde el 5 de junio se sabía del riesgo y aun así las respuestas que recibía eran de copy-paste”, aseguró Mosquera. La investigación disciplinaria pretende esclarecer si hubo negligencia por parte del funcionario, considerado uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro, en la asignación y supervisión del esquema de seguridad del precandidato. Las autoridades también evaluarán si esta posible omisión facilitó las condiciones para que se concretara el ataque armado.El caso ha generado una fuerte controversia política y ha intensificado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección del estado frente a amenazas contra líderes de oposición.

Allanamientos en casas de familiares del sicario En viviendas de la tía y la abuela del menor implicado, las autoridades incautaron dispositivos y documentos con más de 10 terabytes de información digital. La Fiscalía y la Policía intensifican la investigación para esclarecer los vínculos criminales detrás del atentado. Dos allanamientos ejecutados por unidades de la Dijín, la Sijín y el CTI de la Fiscalía en la localidad de Engativá, Bogotá, permitieron a las autoridades incautar material considerado “clave” en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las diligencias se realizaron en las viviendas de la tía y la abuela del menor de 15 años que fue capturado tras disparar contra el político en el barrio Modelia, al occidente de la ciudad. En los operativos se encontraron dos teléfonos celulares, un computador portátil, cuadernos y documentos físicos, los cuales serán analizados por expertos forenses. Una fuente cercana a la investigación confirmó que estos elementos representan más de 10 terabytes de información digital. El objetivo ahora es desencriptar los dispositivos, rastrear direcciones IP y acceder a historiales de mensajería, videos, fotografías y correos electrónicos que puedan vincular al menor con una red criminal. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se trata de simples allanamientos. “Hay 188 investigadores trabajando articuladamente con inteligencia militar, la Dirección Nacional de Inteligencia y personal de la UNP. Se están analizando todas las comunicaciones alrededor del caso”, afirmó. Aunque reconoció que ya se han identificado líneas investigativas de gran valor, aclaró que no se pueden divulgar para no comprometer el proceso. Entre los avances se destacan las pruebas de balística realizadas al arma incautada, una pistola Glock 9 milímetros, para determinar si fue usada en otros crímenes en Bogotá y el centro del país. El menor, que ya declaró ante las autoridades, habría mencionado a un presunto coordinador del ataque, identificado como un hombre de una ‘olla’ del sector. La Fiscalía busca establecer si actuó por encargo y quién financió o coordinó el atentado.

La pistola usada en el ataque fue comprada en EE. UU. durante la pandemia y está siendo vinculada a otros crímenes. La Fiscalía investiga una red criminal que habría contratado al menor que disparó. Las autoridades colombianas avanzan en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en cuidados intensivos tras recibir varios impactos de bala en Bogotá. Las pistas más relevantes hasta ahora son la procedencia del arma usada y el testimonio del joven sicario que perpetró el ataque. La pistola Glock 9 milímetros con la que se intentó asesinar a Uribe Turbay fue adquirida legalmente en AJI Port, una tienda de armas ubicada en Mesa, Arizona, el 6 de agosto de 2020. El comprador fue identificado como Charles Joe Anderson, según confirmó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos. Las autoridades colombianas investigan cómo el arma ingresó al mercado ilegal y llegó a manos del menor implicado. El joven capturado, quien acaba de cumplir 15 años, fue aprehendido en el lugar del ataque con el arma en su poder. Tiene cinco anotaciones en el Sistema Penal para Adolescentes entre 2020 y 2024 y había estado vinculado brevemente al programa ‘Jóvenes en Paz’, del cual se retiró voluntariamente. Según información de inteligencia, rechazó ofertas recientes del Idipron para integrarse a programas educativos y laborales. La Fiscalía y la Policía trabajan para establecer si esta misma pistola ha sido usada en otros homicidios en Bogotá y el centro del país. También indagan quién contrató al adolescente, que enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Para su protección, permanecerá bajo custodia del ente acusador y no será enviado a un centro del ICBF. El análisis de más de 1.000 videos y 23 testimonios, junto con información digital incautada durante allanamientos en viviendas de familiares del joven en Engativá, es otra línea crucial de investigación. Allí se recuperaron dos celulares, un portátil y documentos que contienen más de 10 terabytes de información que están siendo examinados por peritos forenses. Las autoridades sospechan que el atentado fue planeado por una organización criminal de alto impacto que tercerizó la ejecución del crimen. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, y la fiscal general Luz Adriana Camargo, confirmaron que se analiza una posible conexión del hecho con otras estructuras ilegales, incluyendo bandas narcotraficantes y grupos armados organizados. El gobierno ha manifestado preocupación por el incremento de amenazas a figuras políticas. Mientras tanto, siguen abiertas varias hipótesis, incluyendo la participación de grupos como el Eln, que si bien suelen usar explosivos, han contratado sicarios en otras regiones del país.