Profesores, directivos de Fecode y funcionarios del Gobierno advierten sobre el funcionamiento del nuevo modelo que opera sin vigilancia real; crisis debe servir para mejorar el modelo con carácter urgente. Debe investigarse la perdida de más de $2 billones en operación del sistema de salud del magisterio colombiano. El vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, reconoce la grave situación financiera del sistema. Las declaraciones se dieron durante una reunión del Consejo Directivo del Fomag el pasado 29 de abril, realizada en la sede del Ministerio de Educación, con presencia de los ministros de Educación, Trabajo y Hacienda, además de representantes de Fecode. Durante la sesión, que se convocó para presentar la nueva red de operadores del sistema, la Fiduprevisora no entregó información clara ni propuestas concretas. La reunión terminó sin avances y, fuera de micrófonos, comenzaron las confesiones. Cadena calificó el sistema como “completamente perverso”, asegurando que no se sabe con certeza el destino de los recursos ni se tiene control sobre los más de 2.300 contratos firmados por la Fiduprevisora, muchos de ellos sin trazabilidad ni vigilancia. Uno de los datos más alarmantes revelados en la reunión fue que la facturación del sistema se incrementó en un 50% en solo cuatro meses, sin una justificación técnica ni control presupuestal. El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó de inmediato que se interpusieran las denuncias formales ante los entes de control y exigió un informe escrito con las irregularidades. “Esto no es un nuevo sistema de salud, es el mismo de siempre, disfrazado, pero mucho más oscuro”, dijeron lideres del magisterio. También señalaron que la Fiduprevisora se ha negado reiteradamente a entregar información solicitada por el Ministerio, profundizando el caos. La situación ha desnudado un sistema desorganizado, sin vigilancia, con contratos opacos y un manejo de recursos públicos que —según sus propios operadores— no tiene justificación ni control. Para los docentes, el “despelote” es total y la solución, aún, no se vislumbra.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanza ofensiva política y judicial tras la derrota de la consulta popular en el Congreso, mientras el Gobierno alista plan B para mantener viva su agenda reformista Tras el sorpresivo hundimiento de la consulta popular del Gobierno Petro en el Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, activó de inmediato una estrategia de reacción política y judicial para enfrentar lo que considera un “bloqueo institucional” y revertir el golpe recibido este miércoles. El primer paso de Benedetti fue denunciar fraude en la sesión plenaria, apuntando directamente al secretario general del Senado, Diego González, por cerrar la votación antes del tiempo reglamentario. Según el ministro, el registro fue cerrado cuando aún faltaban senadores por votar a favor del “sí”, y acusó al secretario de manipular un voto. “Cepeda solo dejó el registro abierto por menos de tres minutos, cuando pueden ser 30. Lo cerró cuando tenía dos votos de ventaja y venían al menos cuatro senadores del ‘sí’. Y el secretario del Senado, tachando un voto del ‘sí’ para sumarlo al ‘no’. Malandrines”, denunció en sus redes sociales. La Casa de Nariño evalúa presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, aunque expertos consideran que una eventual investigación penal difícilmente avanzará con la rapidez que necesita el Ejecutivo para reponer el camino perdido en el Congreso. En paralelo, y mientras se calienta el clima político entre el Gobierno y el Legislativo, Benedetti mantiene abierta la posibilidad de insistir con la consulta popular, pero no de inmediato. Aunque el presidente Petro pidió desde China que se someta nuevamente a votación la misma iniciativa, sectores del Congreso ya advierten que no es jurídicamente viable repetir el proceso en la actual legislatura. En su lugar, gana fuerza la propuesta del expresidente del Senado, Roy Barreras: radicar una nueva solicitud de consulta el próximo 20 de julio de 2025, si para entonces no ha sido aprobada la reforma laboral que se reactivó esta semana. Este escenario le permitiría al Ejecutivo aspirar a convocar la consulta en octubre de 2025, en caso de contar con mayorías en la próxima legislatura. No obstante, el tiempo es un factor en contra. El ministro Benedetti tiene apenas cinco semanas para sacar adelante la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, y su margen de maniobra es estrecho. La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso se intensificó aún más luego de que la senadora María José Pizarro calificara al presidente del Senado, Efraín Cepeda, como el “jefe de la banda” que hundió la consulta, en un episodio que deja al oficialismo herido, pero no vencido.
Aunque el Gobierno Petro creía tener las mayorías, un acuerdo de última hora entre sectores de oposición y centro cambió el rumbo de la votación y selló la derrota de la consulta popular. La consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro naufragó en la plenaria del Senado tras una votación que dejó al Ejecutivo sin el respaldo necesario para convocar a las urnas a los colombianos. Con un total de 96 votos, la iniciativa fue rechazada por una estrecha diferencia: 49 senadores votaron en contra y 47 lo hicieron a favor. Tanto Liliana Benavides del partido Conservador, como Richar Fuelantala de AICO, integrantes del Senado, no participaron en la votación. Desde el momento en que la solicitud fue radicada ante el Senado, el 1° de mayo, el panorama parecía favorable para el Gobierno. Incluso sectores de oposición reconocían las maniobras del Ejecutivo para inclinar la balanza, gracias a la gestión de sus ministros y la presión política. Sin embargo, en una maniobra inesperada, fuerzas del centro y la derecha alcanzaron un acuerdo que inclinó la balanza en el último momento. Este pacto permitió revivir la reforma laboral —que será debatida nuevamente en la Comisión Cuarta del Senado— y hundir la consulta popular, con lo cual la oposición se impuso frente al Pacto Histórico. La tensión creció luego de que miembros del Gobierno y del petrismo denunciaran presuntas irregularidades, incluyendo la exclusión del voto de la senadora Martha Peralta, y hablaran abiertamente de “fraude”. A continuación, el registro oficial de cómo votaron las diferentes bancadas: Partido Liberal Por el No: Lidio García, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Alejandro Chacón, Mauricio Gómez Amín, Karina EspinosaPor el Sí: Fabio Amín, Alejandro Vega, Jaime Durán, Laura Fortich, Claudia Pérez, Juan Diego Echavarría, Jhon Jairo Roldán Partido Conservador Por el No: Esperanza Andrade, Germán Blanco, Nadia Blel, Efraín Cepeda, Nicolás Echeverry, Marcos Pineda, Soledad Tamayo, Juan Merheg, Liliana Bitar, Juan Carlos García, Oscar Giraldo, Oscar Barreto Centro Democrático Por el No: Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Carlos Meissel, Alirio Barrera, Enrique Cabrales, Ciro Ramírez, Honorio Henríquez, Yenny Rozo, Esteban Quintero, José Vicente Carreño Cambio Radical Por el No: Jorge Benedetti, Carlos González, Edgar Díaz, Carlos Farelo, Carlos Jiménez, Carlos Fernando Motoa, Antonio Zabaraín, José Luis Pérez Partido de la U Por el No: Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemos, Juan Carlos Garcés, Norma HurtadoPor el Sí: Antonio Correa, José David Name, Julio Chagui, Julio Elías Vidal, John Besaile, José Gnecco Alianza Verde Por el No: Jota Pe HernándezPor el Sí: Inti Asprilla, Fabián Díaz, Andrea Padilla, Ariel Ávila, Carolina Espitia, León Fredy Muñoz. No votó Angélica Lozano. MIRA Por el No: Ana Paola Agudelo, Manuel Virgüez, Carlos Guevara Pacto Histórico Por el Sí: Iván Cepeda, Isabel Zuleta, Clara López, Wilson Arias, Aida Avella, Carlos Alberto Benavides, Robert Daza, Alex Flórez, Pedro Flórez, Gloria Inés Flórez, Esmeralda Hernández, Sandra Jaimes, María José Pizarro, Aida Quilcué, Jael Quiroga, Ferney Silva, Sonia Bernal, Julio César Estrada, Catalina Pérez Comunes Por el Sí: Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Imelda Daza, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo ASI Por el No: Berenice BedoyaPor el Sí: Gustavo Moreno, Guido Echeverry, Jairo Castellanos Colombia Justa Libres Por el No: Lorena Ríos ADA Por el Sí: Paulino Riascos Con esta votación, el Gobierno queda nuevamente en una encrucijada legislativa, y se intensifica la tensión política tras las denuncias de fraude, el llamado del presidente Petro a las calles y la expectativa sobre si la consulta será reintroducida en la próxima legislatura.
La senadora del Pacto Histórico asegura que le impidieron votar en el Senado; Gobierno y sectores oficialistas acusan maniobras irregulares y alistan respuesta en las calles. La controversia por el hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno Petro en el Senado no solo ha encendido alertas dentro del oficialismo, sino que ahora escala con denuncias de presunto “fraude” durante la votación. La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta afirmó públicamente que no se le permitió ejercer su voto, y que la sesión estuvo marcada por irregularidades que, a su juicio, deslegitiman el resultado. “No hubo garantías para la votación de la #ConsultaPopular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aun sabiendo que en el punto anterior varios senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto”, denunció Peralta a través de sus redes sociales. La congresista también respaldó las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien desde sus redes compartió un video como prueba de las anomalías, señalando directamente al secretario del Senado y al presidente de la corporación, Efraín Cepeda. Según el mandatario, se tachó un voto válido por el “sí” y no se permitió que senadores como Peralta votaran, ignorando incluso una apelación que debió ser tramitada. “Nos hicieron sus ‘jugaditas’. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. La única salida es la movilización en las calles y la huelga”, enfatizó la senadora, alineándose con el llamado del presidente a responder con movilización masiva. El episodio ha desatado una nueva tormenta política en el Congreso, alimentando la narrativa oficialista de un bloqueo sistemático a las reformas del Gobierno y potenciando la estrategia de presión desde las bases sociales. Todo esto mientras se evalúa si la consulta será presentada nuevamente en la próxima legislatura.
Petro encabezó desde China una reunión con congresistas oficialistas para definir la ruta tras el revés legislativo; no se descarta volver a presentar la consulta en julio de 2025 Minutos después del hundimiento de la consulta popular en el Senado, la bancada del Pacto Histórico fue citada de forma urgente a la Casa de Nariño para definir los próximos pasos frente al revés político. La convocatoria, realizada por el propio presidente Gustavo Petro desde China, reunió a senadores y representantes oficialistas en un encuentro virtual encabezado también por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El objetivo central de la reunión fue recoger las opiniones de los parlamentarios tras la caída del proyecto y trazar un nuevo plan de acción. Entre las alternativas sobre la mesa se encuentra la posibilidad de volver a presentar la consulta popular ante el Congreso el próximo 20 de julio de 2025, especialmente si la reforma laboral —reactivada esta semana— no logra ser aprobada a tiempo. Hacia las 6:00 de la tarde, los legisladores del Pacto Histórico comenzaron a llegar al palacio presidencial para atender el llamado del mandatario. En su intervención, Petro fue enfático en la necesidad de una reacción contundente desde las bases sociales: “Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora”. La declaración del presidente apunta a una posible movilización ciudadana como respuesta política al hundimiento de la consulta, un mecanismo que buscaba refrendar reformas clave del Gobierno. La coyuntura plantea un escenario incierto, pero también una apuesta del Ejecutivo por mantener viva su agenda de transformaciones a través de la presión popular y la reconfiguración legislativa.
Transportistas y líderes comunitarios exigen soluciones urgentes ante el deterioro vial y la falta de apoyo gubernamental. San Lorenzo, un municipio enclavado en el norte de Nariño, enfrenta una crisis de movilidad que se ha prolongado por más de cuatro meses. La principal vía de acceso permanece intransitable, lo que ha generado un profundo malestar entre los transportistas locales y la comunidad en general. “Cuatro meses sin vía, ni alcaldía local, ni gobernación, ni solución; el municipio está en total abandono”, expresan los habitantes, quienes sienten que las autoridades departamentales y locales han desatendido sus responsabilidades. La percepción de abandono se intensifica por la ausencia de acciones concretas por parte de la Gobernación de Nariño y la administración municipal. En medio de esta situación, solo el concejo municipal, el párroco, el personero y algunos veedores ciudadanos han mostrado presencia y apoyo a la comunidad afectada. La falta de respuesta institucional ha llevado a los transportistas a considerar medidas de hecho, como bloqueos viales, para llamar la atención sobre su problemática. La comunidad también señala que la falta de apoyo podría estar relacionada con diferencias políticas, ya que, según afirman, el actual alcalde no respaldó al gobernador Luis Alfonso Escobar en las elecciones pasadas. Esta situación ha generado tensiones adicionales y ha obstaculizado la coordinación necesaria para resolver la crisis vial que afecta a San Lorenzo. Mientras tanto, los residentes del municipio continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos, transporte y comercio, lo que agrava las condiciones de vida en la región. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que intervengan y brinden soluciones efectivas a esta problemática que ya se ha extendido por demasiado tiempo.
Tras el hundimiento de la consulta popular, la reforma laboral del gobierno Petro sin mayoría clara, con la oposición fortalecida y en medio de tensiones políticas, el proyecto debe superar dos debates antes del 20 de junio para no volver a naufragar. Luego del saboteo de la consulta popular, la reforma laboral volverá a discutirse en el Senado, por una apelación liderada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Sin embargo, el panorama para la reforma no es alentador. El proyecto enfrenta una carrera contra el tiempo, apenas tiene 36 días para superar los dos debates restantes —en comisión y en plenaria—, además de sortear el proceso de conciliación. Todo esto deberá completarse antes del 20 de junio, cuando finaliza el periodo legislativo. Ahora esperan la decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre a qué comisión será remitido el texto, ya que no podrá regresar a la Comisión VII. Entre las opciones barajadas están la Comisión Primera, donde el Gobierno ha ganado respaldo con recientes cambios en su composición, y la Comisión Tercera, donde ya ha enfrentado derrotas como la caída de la ley de financiamiento. La situación política tampoco juega a favor del Ejecutivo. La oposición buscará dilatar el trámite. Con calendario en mano, propuso un cronograma que permitiría aprobar la ponencia en comisión antes del 27 de mayo y realizar el cuarto debate antes del 17 de junio, dejando tres días para conciliación. “Muchas leyes complejas se han aprobado en menos tiempo”, afirmó. Por ahora, la estrategia del Gobierno aún no es del todo clara. Mientras desde el Pacto Histórico se habla de interponer una nueva apelación por la votación de la consulta, los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti ya manifestaron que concentrarán sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral, a la que consideran fundamental para cumplir las promesas del “Gobierno del cambio”. El desenlace de esta historia dependerá no solo del conteo regresivo legislativo, sino también de la capacidad del Ejecutivo para reconstruir consensos, sortear el desgaste político y evitar nuevas divisiones internas. La reforma laboral, más que un texto jurídico, se ha convertido en el símbolo de un Gobierno que aún busca cómo gobernar con minoría.
Tras el hundimiento de la consulta popular, la reforma laboral del gobierno Petro sin mayoría clara, con la oposición fortalecida y en medio de tensiones políticas, el proyecto debe superar dos debates antes del 20 de junio para no volver a naufragar. Luego del saboteo de la consulta popular, la reforma laboral volverá a discutirse en el Senado, por una apelación liderada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Sin embargo, el panorama para la reforma no es alentador. El proyecto enfrenta una carrera contra el tiempo, apenas tiene 36 días para superar los dos debates restantes —en comisión y en plenaria—, además de sortear el proceso de conciliación. Todo esto deberá completarse antes del 20 de junio, cuando finaliza el periodo legislativo. Ahora esperan la decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre a qué comisión será remitido el texto, ya que no podrá regresar a la Comisión VII. Entre las opciones barajadas están la Comisión Primera, donde el Gobierno ha ganado respaldo con recientes cambios en su composición, y la Comisión Tercera, donde ya ha enfrentado derrotas como la caída de la ley de financiamiento. La situación política tampoco juega a favor del Ejecutivo. La oposición buscará dilatar el trámite. Con calendario en mano, propuso un cronograma que permitiría aprobar la ponencia en comisión antes del 27 de mayo y realizar el cuarto debate antes del 17 de junio, dejando tres días para conciliación. “Muchas leyes complejas se han aprobado en menos tiempo”, afirmó. Por ahora, la estrategia del Gobierno aún no es del todo clara. Mientras desde el Pacto Histórico se habla de interponer una nueva apelación por la votación de la consulta, los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti ya manifestaron que concentrarán sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral, a la que consideran fundamental para cumplir las promesas del “Gobierno del cambio”. El desenlace de esta historia dependerá no solo del conteo regresivo legislativo, sino también de la capacidad del Ejecutivo para reconstruir consensos, sortear el desgaste político y evitar nuevas divisiones internas. La reforma laboral, más que un texto jurídico, se ha convertido en el símbolo de un Gobierno que aún busca cómo gobernar con minoría.
En una sesión marcada por tensiones y giros, el Senado de la República rechazó por dos votos la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Desde China, el mandatario denunció fraude, pidió reabrir la votación y convocó a movilizaciones sociales. El Congreso vivió este martes 14 de mayo una de sus sesiones más agitadas de los últimos años, cuando la plenaria del Senado tomó negó la propuesta de consulta popular del presidente Gustavo Petro, quien apostaba por ella como eje estratégico para su agenda social y política. La reforma laboral, había sido enterrada por la Comisión VII, ahora aprueban continuar debatíendola. Aunque inicialmente el Ejecutivo se opuso a esta vía, al final terminó respaldándola, en un giro que dejó perplejos a varios sectores. La iniciativa fue avalada por 68 votos contra tres, y su trámite continuará ahora en otra comisión del Senado, con el compromiso de debatirla antes del 20 de junio. La plenaria rechazó por estrecho margen el llamado a consulta popular, una herramienta que pretendía someter a votación ciudadana la reforma laboral. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la propuesta fue archivada. Aunque el gobierno alegó irregularidades en el conteo y el cierre de la votación, la mesa directiva del Senado confirmaron el resultado. Desde China, el presidente Petro denunció un “fraude” en la sesión del Senado, exigió la reapertura de la votación y convocó a sindicatos, comunidades campesinas, juntas de acción comunal y organizaciones indígenas a preparar el “siguiente paso”, mencionando incluso la posibilidad de un cabildo abierto. Además, ordenó a la Fuerza Pública abstenerse de usar armas “contra el pueblo”. La votación también dejó al descubierto fracturas internas en las bancadas. Varios senadores cercanos al Gobierno se ausentaron o votaron en contra, como parte de la presión ejercida por líderes de partidos tradicionales, entre ellos el expresidente César Gaviria, quien advirtió que quienes apoyaran la consulta no recibirían aval para las próximas elecciones.
El Gobierno Nacional nombró a Pablo Francisco Pardo como nuevo Viceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza. Con amplia experiencia en procesos sociales y comunitarios, este nariñense llega al Ministerio de Igualdad y Equidad para liderar acciones enfocadas en garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de sectores históricamente marginados. El Gobierno Nacional oficializó el nombramiento de Pablo Francisco Pardo como nuevo Viceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, instancia del Ministerio de Igualdad y Equidad. Pardo, oriundo del departamento de Nariño, cuenta con una reconocida trayectoria en procesos sociales, trabajo comunitario y formulación de políticas públicas enfocadas en la equidad. Su designación se da en un momento decisivo para la consolidación del Ministerio, creado con el propósito de impulsar la inclusión de poblaciones que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo nacional. La cartera es liderada por el Ministro Carlos Rosero, quien fue el encargado de convocar a Pardo para sumarse al equipo directivo. “El objetivo es fortalecer los esfuerzos institucionales para garantizar derechos fundamentales y mejorar las condiciones de vida de comunidades excluidas”, señaló Rosero durante el anuncio. Con esta designación, el departamento de Nariño continúa ganando representación en el alto gobierno.