Ante la falta de respuesta institucional, comunidades rurales protestan por lo que consideran un desconocimiento a sus derechos sobre tierras abandonadas.

En el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, se registró un nuevo episodio de protesta social luego de que un grupo de campesinos decidiera bloquear el paso en la vía binacional a la altura del puente sobre el río Mira. Esta acción se produjo como respuesta a una orden de desalojo emitida sobre los predios conocidos como “Palmas La Miranda”, en los que varias familias habían establecido asentamientos temporales en busca de subsistencia.

Los manifestantes, en su mayoría provenientes de comunidades rurales cercanas, alegan que los terrenos intervenidos se encontraban en condición de abandono y que su ocupación fue motivada por la necesidad urgente de acceder a tierras cultivables. Según indican, el Estado no ha ofrecido alternativas claras para resolver el problema estructural de tierras en la región, lo que los llevó a establecerse en dicha zona bajo esquemas de autogestión.

La orden de desalojo fue ejecutada por las autoridades locales en cumplimiento de un fallo judicial, lo que generó inconformidad entre los pobladores, quienes afirman no haber sido escuchados durante el proceso. Como medida de presión, los campesinos decidieron cerrar el paso por la importante carretera que conecta a Tumaco con la frontera ecuatoriana, afectando la movilidad de vehículos particulares y de carga.

Durante la jornada, los líderes de la movilización expresaron que su intención es entablar un diálogo con representantes del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la gestión agraria y la restitución de tierras. Señalan que no buscan confrontación, sino que se les reconozca como sujetos de derecho en medio de un contexto social marcado por el desplazamiento forzado y la pobreza rural.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial frente a la protesta ni se había anunciado una mesa de concertación. La situación continúa en desarrollo, mientras organismos de derechos humanos monitorean los hechos para garantizar que se respeten los protocolos establecidos en manifestaciones sociales.

Redacción

Victoria Ricaurte